Dos venezolanos a quienes se les ocupó un fusil M-16 y una pistola Glock, presuntamente de manera ilegal, figuran como también como miembros de una red criminal transnacional que se dedica a la trata de personas por medio de explotación sexual, desarticulada a través de la Operación MC Girasol.
Se trata de Jhorman Dereck Cortés Solano, de 33 años, y Mario José May Mendoza, quienes fueron detenidos mientras se desplazaban en un vehículo Hyundai, blanco, en el sector Ensanche Naco, Distrito Nacional.
Conforme con la Policía Nacional, al momento del arresto a los venezolanos, estos carecían de la documentación legal que respaldara su porte o tenencia de las armas de fuego.
En junio pasado, el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, había dictado tres meses de prisión preventiva en contra de Cortés Solano, mientras que en cuanto a May Mendoza, le impuso el pago de una garantía económica de 500 mil pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Por el caso MC Girasol también fue vinculada, Michelle Carolina Gutiérrez Ruiz, a quien se le impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, tras el tribunal acoger la petición de los fiscales de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT)
Los imputados fueron arrestados, luego de que el Ministerio Público rescatara a tres víctimas de nacionalidad extranjera, quienes manifestaron al órgano persecutor que estaban encerradas, mientras recibían maltrato físico y emocional; además, eran obligadas a sostener relaciones sexuales a cambio de dinero, con diferentes clientes que visitaban el lugar donde se encontraban y en contra de su voluntad.
Las investigaciones también han revelado, que las víctimas eran obligadas a vender y distribuir sustancias narcóticas entre los clientes de esta red criminal.
En su método de operación, la referida red se dedicaba captar víctimas para tráelas al país bajo la promesa de conseguirles diferentes tipos de trabajo, y una vez aquí, se les informaba que habían contraído una deuda de cuatro mil dólares, que debían pagar brindando servicios sexuales a clientes que lo solicitan, siendo además ofrecidas por medio de catálogos digitales a través de la red social WhatsApp.