Las urgencias que ya no admiten maquillaje

La tercera pregunta de Listín Diario apunta al corazón del problema: ¿cuáles asuntos deben ser atendidos con urgencia? El Observatorio debe mirar el conjunto, pero hay al menos seis frentes que no admiten demora.

El primero es la integridad misma del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Eso implica detener invasiones, desmontes, agricultura y ganadería incompatibles, ocupaciones turísticas ilegales, fragmentación de hábitats y, sobre todo, la sofisticación del despojo por la vía de títulos dudosos, saneamientos irregulares, deslindes tramposos o sentencias que desconocen la condición constitucional de las áreas protegidas como bienes patrimoniales de la nación. Defender el SINAP hoy es también defenderlo de la toga mal empleada, del sello registral complaciente y de la tramitación opaca.

El segundo frente urgente es el agua. No como discurso, sino como criterio rector del ordenamiento territorial. Las zonas de captación, las cabeceras de cuenca, los bosques nublados, las lomas productoras de humedad, los humedales, los manglares y las franjas ribereñas deben ser blindados frente a la minería mal localizada, la extracción de agregados, la expansión urbana sin criterio y las actividades que reducen infiltración, regulación y calidad del recurso. Una política ambiental seria debe partir de una verdad elemental: un país puede sobrevivir con menos lujo, pero no con menos agua.

El tercer frente es la crisis de los ecosistemas costeros y marinos. Manglares, estuarios, saladares, lagunas costeras, arrecifes, dunas y humedales están siendo comprimidos por la expansión inmobiliaria, los rellenos, la apertura de viales, el dragado, la contaminación y un turismo que con demasiada frecuencia ha querido ponerle precio al paisaje sin respetar las condiciones ecológicas que lo hacen posible. Allí se librará buena parte del conflicto ambiental de las próximas décadas. Y allí el Observatorio tendrá que ser especialmente firme.

El cuarto frente es la degradación de ríos, cuencas y acuíferos por extracción ilegal de agregados, vertidos y ocupación desordenada. La reciente intervención oficial en el río Haina recuerda que la agresión a los sistemas hídricos no es un problema abstracto ni periférico. Es una amenaza directa a la seguridad ecológica y social. El Observatorio debe ayudar a seguir estas intervenciones, evaluar su consistencia y evitar que la urgencia se convierta en espectáculo sin continuidad.

El quinto frente es el rescate de la institucionalidad ambiental. Un Ministerio débil, sin musculatura técnica, sin seguimiento, sin presupuesto suficiente, sin protección a sus mejores cuadros y sin capacidad sancionadora real, deja el territorio a merced del más fuerte o del más rápido. La Coalición ha insistido durante años en este punto: sin un ministerio técnicamente sólido, éticamente blindado y jurídicamente activo, la ley ambiental termina convertida en una escenografía.

El sexto frente es la transparencia. No hay defensa ambiental duradera sin acceso público a la información, sin trazabilidad de las decisiones, sin publicación comprensible de permisos, licencias, expedientes, planes de manejo, procesos sancionadores y criterios técnicos. El secreto administrativo ha sido demasiadas veces un aliado del deterioro ambiental. El Observatorio debe ser, entre otras cosas, una máquina de claridad.

UN ESPACIO PARA COLABORAR, UN MURO PARA DETENER LO DAÑINO

Si el Observatorio ha de tener grandeza, deberá cuidarse de tres peligros. El primero es la burocratización: reunirse mucho, producir poco y decir casi nada. El segundo es la captura institucional: acostumbrarse tanto al trato oficial que termine perdiendo el nervio de la crítica. El tercero es el desaliento: creer que porque una alerta no es escuchada de inmediato carece de sentido seguir insistiendo. La historia ambiental dominicana demuestra lo contrario. Muchas de las victorias que hoy parecen obvias fueron durante años voces solitarias, molestas, tenaces.

Por eso conviene cerrar en positivo, pero sin ingenuidad. La creación del Observatorio es una buena noticia para el país. Es un triunfo del movimiento ambiental, de la inteligencia cívica y de la posibilidad de construir Estado con ciudadanía crítica. Es también una señal valiosa para la región: en tiempos de colapso climático, de extractivismo agresivo y de banalización de la política ambiental, crear una instancia independiente de seguimiento y consulta es reconocer que la defensa de los ecosistemas no puede descansar solo en la voluntad cambiante de los gobiernos de turno.

Pero esa buena noticia solo se confirmará si el Observatorio entiende su razón de ser. Está llamado a ser un espacio de colaboración cuando las políticas públicas estén bien concebidas, bien sustentadas y bien ejecutadas. En esos casos, debe sumar, apoyar, proponer, acompañar. Pero está igualmente llamado a ser un muro, un valladar, una trinchera de combate cívico, técnico y moral frente a todo lo que pretenda apropiarse de los recursos naturales, degradar las áreas protegidas, violentar las normas ambientales o sacrificar el interés colectivo ante beneficios privados.

La República Dominicana no necesita un observatorio dócil. Necesita un observatorio lúcido. No necesita una mesa decorativa. Necesita un centinela. No necesita un testigo mudo del deterioro, sino una instancia capaz de nombrar el daño, documentarlo, advertirlo y ayudar a impedirlo. Porque lo que está en juego no es una franja de bosque, una parcela costera o una categoría legal aislada. Lo que está en juego es la continuidad material de la nación, la respiración de sus ecosistemas y el derecho de las generaciones presentes y futuras a recibir un país vivible.

Y eso, dicho sin rodeos, vale cada batalla.