El Consejo de Seguridad de la ONU analizó ayer la crisis de Haití en su sesión 10246, marcada por los progresos electorales, la violencia criminal y la emboscada a soldados salvadoreños.
Lideraron la sesión los titulares de la BINUH, la GSF y la UNSA, con la participación de delegaciones regionales como México y la República Dominicana.
La apertura de la sesión estuvo marcada por la condena unérvoca a una emboscada perpetrada el día anterior contra soldados de El Salvador adscritos a la GSF, quienes fueron atacados con disparos de armas de fuego y explosivos en Puerto Príncipe cuando regresaban de un mercado local.
El incidente dejó cuatro sobrevivientes en paradero desconocido y puso de relieve la creciente beligerancia de las pandillas.
Entre julio y septiembre de 2026 se documentaron aproximadamente 1.000 personas asesinadas y 100 víctimas de raptos, con altos índices de violencia sexual y una expansión de los grupos de autodefensa.
Las estructuras criminales han diversificado sus ataques, intensificando las represalias contra comunidades rurales y urbanas (como en Artibonite, Gressier y zonas de la capital) para obstaculizar el control estatal.
En el plano político, Carlos Ruiz Massieu destacó que los preparativos electorales han alcanzado un nivel de dinamismo sin precedentes en la última década, respaldados por la publicación el pasado 6 de octubre de un decreto electoral revisado.
Se ha registrado la inscripción de más de 35 partidos políticos y más de 3.500 candidatos, reflejando un fuerte compromiso de diversos sectores nacionales.
Las nuevas disposiciones amplían los plazos de registro, facilitan la postulación de mujeres e implementan la inscripción en línea del electorado.
El Consejo de Ministros aprobó el 5 de octubre una resolución orientada a garantizar la imparcialidad del sector público y sancionar el uso de recursos estatales con fines proselitistas. No obstante, las autoridades advirtieron que la fijación de calendarios debe sustentarse en evaluaciones logísticas realistas para no erosionar la confianza pública.
Operatividad y despliegue de la FSB
Por su parte, Jack Christofides informó que los efectivos desplegados en el terreno superan ya los 2.000 soldados procedentes de seis países contribuyentes, lo que representa poco más de un tercio de la dotación total autorizada.
El principal reto no radica en la voluntad de los países aportantes de tropas, sino en las dificultades asociadas al traslado de equipos pesados, vehículos blindados, medios de comunicación y capacidades de inteligencia y reconocimiento (ISR).
Con los recursos disponibles, la fuerza ha establecido bases de operaciones avanzadas en Artibonite, Delmas y zonas estratégicas, logrando contener parcialmente la influencia de las bandas mediante patrullajes conjuntos con la Policía Nacional de Haití (PNH).
De 26 personas detenidas en operaciones recientes, un porcentaje significativo debió ser puesto en libertad debido a las severas limitaciones estructurales del sistema de justicia penal haitiano.
Apoyo logístico y financiero de la UNSA
Daniela Kroslak, titular de la UNSA, detalló las medidas implementadas para optimizar la cadena de suministro y reducir costos operativos, destacando el uso de rutas de transporte aéreo estratégico coordinadas con socios internacionales como la República Dominicana, Panamá y Francia.
La oficina se encuentra habilitando ocho bases logísticas y operativas en puntos estratégicos del país para sostener el incremento progresivo de tropas previsto para finales de 2026.
Se subrayó la urgencia de fortalecer los aportes al fondo fiduciario de la fuerza y al fondo de dividendos para la paz, asegurando que el despliegue militar sea complementado de manera estricta con políticas de desarme, desmantelamiento, reinserción (DDR) y un riguroso cumplimiento de las normas de derechos humanos.
El Consejo de Seguridad reiteró que las operaciones de seguridad por sí solas no bastan para pacificar el país.
La estabilización a largo plazo dependerá de la capacidad del Estado haitiano para recuperar la gobernanza territorial, restablecer los servicios públicos esenciales y consolidar un diálogo político inclusivo respaldado por la comunidad internacional.