La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se reservó para el 18 de noviembre el fallo del recurso de apelación del Ministerio Público que busca revocar la condena de más de RD$7.5 millones impuesta a la Procuraduría General de la República a favor de Juan Francisco Álvarez Carbuccia, procesado en el caso del
Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre seguido (Intrant) contra Hugo Beras, Jochi Gómez y otros imputados.
La decisión fue tomada por los magistrados Indhira Montás (quien preside el tribunal), Rafael Báez y Luz Almonte.
John Frías, abogado de Carbuccia, expresó que confía en que noviembre se ratifique la condena porque el órgano persecutor “no devolvió los bienes” que le fueron señalados y solicitados por el imputado.
El pasado 23 de julio de 2026, la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó el pago de RD$7,560,000 a Carbuccia.
El letrado agregó que de los 16 bienes que fueron incautados se han devuelto 15 y ese es un celular marca celular Samsung S3 del año 2012.
“Solamente falta el celular. Los comenzaron a devolver el 18 de mayo, once meses después de que fueron obligados por un tribunal a hacerlo y ya cuando nosotros habíamos iniciado la liquidación de esos bienes”, aseguró.
En un principio, la decisión fue emitida por la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que ordenó el pago de RD$7,560,000 a Carbuccia.
El monto correspondía a la liquidación de un astreinte que estaba vinculado con uno de los acusados del caso Intrant.
Representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) explicaron que la demora se debió a los peritajes realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y a un traslado apresurado de evidencias tras la evacuación de un edificio del Poder Judicial, lo que habría causado el extravío temporal del equipo.
El órgano persecutor acusa a los procesados de presuntas irregularidades en la contratación de servicios para modernizar la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Según la acusación, el expediente incluye una supuesta estafa al Estado por más de RD$1,300 millones y presuntos actos de sabotaje contra el sistema de semáforos en agosto de 2024.
Entre los imputados también se encuentran Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras y Financiero del Intrant y Carlos José Peguero Vargas. A la acusación se sumaron Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.