Santiago busca articular una estrategia interinstitucional para responder ante un terremoto de gran magnitud, en medio de advertencias sobre la vulnerabilidad de edificaciones, la capacidad hospitalaria y las limitaciones que podrían enfrentar las labores de evacuación y asistencia durante una catástrofe.
La iniciativa, denominada “Santiago Alerta 2026: Protocolos Sanitarios y Gestión Antisísmica”, fue puesta en marcha por el senador Daniel Rivera durante una mesa técnica celebrada en la Asociación para el Desarrollo (APEDI), en la que participaron 23 instituciones vinculadas a la prevención, la seguridad, la salud y la gestión de emergencias.
El encuentro busca establecer una hoja de ruta común para coordinar las acciones antes, durante y después de un sismo, en una provincia expuesta a la amenaza de la Falla Septentrional. Sin embargo, las intervenciones de los participantes dejaron planteados desafíos que van más allá de la coordinación institucional: evaluar la resistencia de las edificaciones, garantizar la atención sanitaria y evitar que la respuesta dependa de un único punto de concentración.
Durante la jornada, Rivera advirtió sobre la limitada cobertura de seguros privados frente a posibles daños por un terremoto y sostuvo que una catástrofe de gran magnitud afectaría tanto a las infraestructuras públicas como a las empresas y propiedades privadas. También llamó la atención sobre la capacidad de los hospitales y centros de salud para recibir a una gran cantidad de heridos en una emergencia de esa naturaleza.
El legislador insistió en que un terremoto puede ocurrir sin previo aviso y que las instituciones deben prepararse para responder incluso en horas de la madrugada, cuando la población y los servicios de emergencia podrían enfrentar mayores dificultades de movilización y coordinación.
Advierten edificaciones y planificación urbana
Durante las intervenciones, Rosa Santos planteó la necesidad de que la preparación ante un terremoto no se limite a la realización de simulacros, sino que incluya medidas permanentes de prevención, supervisión y evaluación de las estructuras.
La representante también propuso coordinar un plan de trabajo entre el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVHED), el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y los ayuntamientos para identificar edificaciones que requieran inspecciones técnicas y determinar sus condiciones de seguridad.
Entre las preocupaciones expuestas figuró la situación de hospitales construidos bajo normativas anteriores a los códigos de construcción más recientes, entre ellos el hospital José María Cabral y Báez y el hospital regional universitario Presidente Estrella Ureña. Las intervenciones plantearon interrogantes sobre su comportamiento ante un sismo de gran magnitud, aunque no se presentaron en el encuentro resultados técnicos que permitan establecer que esas instalaciones colapsarían.
Santos también cuestionó la expansión de construcciones hacia la cordillera, al advertir que esa tendencia puede aumentar la exposición a riesgos ambientales y contribuir a la deforestación y a la ocupación de terrenos productivos.
La propuesta implica incorporar la planificación territorial a la gestión del riesgo, de manera que las decisiones sobre nuevas construcciones tomen en cuenta las condiciones del
Otro de los puntos planteados fue la necesidad de diseñar distintas alternativas para la evacuación y la concentración de personas después de un terremoto.
Durante el encuentro se advirtió que no sería prudente depender exclusivamente del Parque Central de Santiago como punto de encuentro, debido a que un sismo podría provocar daños en carreteras, interrupciones de las comunicaciones y dificultades para el desplazamiento de los equipos de socorro.
Los participantes consideraron necesario disponer de planes alternativos y definir previamente los lugares de reunión, las rutas de evacuación y los mecanismos para trasladar a los heridos hacia centros sanitarios que mantengan capacidad operativa.
La preocupación también abarca la disponibilidad de camas, personal médico, medicamentos y equipos para atender una demanda extraordinaria. Una emergencia de gran magnitud podría superar la capacidad habitual de los hospitales y clínicas, por lo que la coordinación entre los sectores público y privado sería determinante para distribuir la atención.
La mesa técnica incluyó exposiciones sobre amenaza sísmica, comportamiento de los suelos, evaluación de infraestructuras, protocolos sanitarios, seguridad ciudadana, movilidad, logística humanitaria y abastecimiento de agua potable.
Instituciones vinculadas a los trabajos
Entre las entidades vinculadas a estos trabajos figuran el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la Defensa Civil, los cuerpos de bomberos, la Cruz Roja, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), además de organismos de seguridad y asistencia social.
Los participantes designaron enlaces institucionales para facilitar la comunicación y coordinar las acciones de prevención y respuesta. También se planteó mantener reuniones periódicas para avanzar en un plan integral que abarque al municipio de Santiago de los Caballeros y al resto de la provincia.
El reto será convertir esos compromisos en medidas verificables, con responsables definidos, recursos disponibles, evaluaciones técnicas de las edificaciones, simulacros periódicos y protocolos que contemplen distintos escenarios de emergencia. En la jornada participaron la viceministra de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres del Ministerio de Salud Pública, Gina Estrella; el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Edwin Olivares; la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, y el director del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Jottin Leonel Collado, junto a representantes de organismos de emergencia, entidades sanitarias y sectores profesionales vinculados a la gestión del riesgo.
La preparación ante un terremoto no depende únicamente de la capacidad de reacción cuando ocurre el desastre. También exige reducir anticipadamente las vulnerabilidades, fortalecer las infraestructuras esenciales y garantizar que las instituciones puedan actuar de manera coordinada cuando más se necesite.