La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), en conjunto con la Unidad de Antifraude de la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas, concluyeron la investigación sobre supuestas irregularidades en los procesos de compras del Ministerio de la Juventud.
El informe, elaborado por las instituciones mencionadas, fue remitido en la segunda semana de diciembre por el contralor general de la República, Catalino Correa Hiciano, a la Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (Pepca), con el fin de que profundicen en las investigaciones de los hechos expuestos en el documento.
Ante la posibilidad de que dicha información «pueda comprometer la estrategia procesal preparada en el trámite de una causa judicial», la Digeig no ofreció más datos sobre los hallazgos de su investigación.
“El proceso de investigación pasa a formar parte de dominio absoluto del Ministerio Público (…) quienes disponen la reserva total o parcial de las actuaciones para el éxito de su investigación sobre el cual existe doble reserva”, finalizó la Dirección de Ética en respuesta a una solicitud de información realizada por periodistas de este medio.
Irregularidades
La Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) abrió una investigación a la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, a inicios de diciembre por denuncias que señalaban que, supuestamente, tenía la intención de beneficiar a dos empresas en unas licitaciones por RD$3 millones.
Junto a Compras, Ética Gubernamental anunció que procedía a abrir una investigación de oficio sobre las denuncias de supuestos actos de corrupción realizadas el pasado 10 de noviembre por su consultor jurídico, José Manuel Vidal Tejeda.
Al consultar a la DGCP, el pasado 10 de diciembre afirmaron por igual haber depositado ante el Ministerio Público el expediente con las observaciones realizadas, el cual «se encuentra actualmente en fase de investigación por lo que aún no es información pública”.
La funcionaria, segunda titular de la institución en lo que va de gestión gubernamental, fue destituida el pasado 6 de diciembre, a tan solo días de cumplir su primer año al mando de la entidad.
Mediante el decreto 786-21 se derogó el artículo 1 del Decreto 694-20, del 9 de diciembre de 2020, mediante el cual se había designado a Jiménez Ramírez como ministra de esa institución.