El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, ha delineado una visión clara para agilizar el sistema judicial dominicano, enfatizando la digitalización integral y el fortalecimiento de los acuerdos como pilares fundamentales.
El también presidente del Consejo del Poder Judicial resaltó que su objetivo es que los tiempos procesales no excedan los seis meses por instancia, tal como lo concibió el código.
Molina destacó la esencialidad de los acuerdos para la operatividad del sistema. Para que estos se fortalezcan, propuso consagrar en el Código Procesal Penal una oficina con antelación a juicio o una oficina probatoria que prepare los expedientes y facilite las negociaciones en la audiencia preliminar.
Asimismo, subrayó la importancia de que los tribunales unipersonales conozcan una mayor cantidad de casos en comparación con los colegiados, adaptándose a la tipología penal.
Expresó que un punto crucial es establecer el interés casacional por parte de la Suprema Corte de Justicia, para evitar la aglomeración de casos y permitir generar estudios que trasciendan a todo el sistema, fomentando la jurisprudencia unificada.
La digitalización como eje transversal del Sistema Judicial
Molina enfatizó que la digitalización debe pensarse de manera integral, abarcando desde la policía investigativa hasta todas las fases del proceso.
“La información debe ser transferida digitalmente, y todos los procesos de notificación y trámites deben realizarse de forma electrónica. No hay razón hoy en día para que no sea así y hay la posibilidad, ya lo tiene el Poder Judicial», afirmó.
Añadió el presidente de la Suprema, que el Poder Judicial ha avanzado significativamente en esta área, con cinco años de trabajo en digitalización.
Agregó que actualmente, cuentan con un sistema de gestión de casos funcionando al cien por ciento, firma electrónica y un portal de acceso.
Esta tecnología, a su juicio, se está compartiendo libremente con todos los actores del sistema, con el único interés de que el sistema judicial funcione eficientemente.
Además, Molina sugirió que las audiencias no fundamentales sean digitales, como las audiencias preliminares y las de acuerdos, para agilizar los procesos. No obstante, reconoció que las audiencias de fondo requerirán más tiempo para una transición completamente virtual.
Éxito en la Reducción de la Mora
Molina reveló que el “secreto” de la reducción de la mora judicial en la Suprema Corte de Justicia fue la decisión ética de ser el ejemplo.
Para ello, se implementaron medidas drásticas, como cero papeles, en la Sala Penal, ningún juez utiliza papel, Gestión de casos digital, todo el proceso de entrada y gestión se realiza a través de un sistema digital y Firma electrónica, eliminándose el transporte físico de documentos, todas las firmas son digitales.
Destacó que gracias a estas iniciativas, el 81% de los casos en la Suprema Corte se resuelven en menos de tres meses, esto sumado junto con la posibilidad de medir el desempeño, tipificar casos y crear modelos de sentencia, ha sido clave.
“El establecimiento del interés casacional evitará que todos los casos lleguen a la Suprema Corte, previniendo la acumulación de trabajo”, resaltó Molina.
Manifestó que mientras las cortes de apelación están más al día, los tribunales de primera instancia en zonas de alta población como la provincia de Santo Domingo, Santiago y el Distrito Nacional, aún enfrentan desafíos, con un porcentaje de resolución inferior al 80%.
Desaparición de prácticas obsoletas y enfoque en acuerdos
Molina también subrayó la necesidad de reconocer que algunas prácticas actuales desaparecerán y generarán resistencia, pero su análisis es crucial desde ahora.
Coincidiendo con la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, insistió en que los casos relacionados con salud mental o consumo de drogas no deberían judicializarse.
Enfatizó que los acuerdos son la «varita mágica» para reducir los tiempos procesales, ya que no hay otra solución para alcanzar un mayor nivel de resolución en el sistema penal.
Indicó que en los juicios de fondo, la investigación, la custodia y el funcionamiento de la prueba deben estar amparados por técnicas científicas para su uso efectivo.
La buena noticia, como señaló el director Nacional de Defensa Pública, doctor Rodolfo Valentín, es el actual proceso de coordinación interinstitucional que busca transparentar el sistema, identificar lo que funciona y crear nuevas posibilidades para los ciudadanos dominicanos.