Una de las experiencias más desagradables como reportero por las que, con frecuencia, atravesaba, era la cobertura de los incendios, huelgas, crisis o cualquier otro invento que ocurrían en el vertedero de Duquesa.
En el momento menos esperado, con el mejor traje y tus zapatos domingueros, te tocaba ingresar al corazón de Los Cazabes para recabar información del contaminante botadero. Eso debe acabar en algún momento, expresaba entonces.
En gran parte, esas crisis del desastroso botadero de basura obedecían a problemas administrativos, conflicto con contratistas y una evidente ausencia de recursos.
Eso podría haber llegado a su fin, la reciente aprobación del proyecto de ley de residuos sólidos por la Cámara de Diputados abre la posibilidad a una gestión más eficiente, moderna y sostenible de los desechos en la República Dominicana.
Una de las metas de la ley es la erradicación paulatina de los vertederos a cielo abierto que por años han sido fuente de contaminación y riesgo sanitario en múltiples comunidades del país, y para los escasos trajes de los reporteros, cuyo destino no era otro que el mismo vertedero una vez se salía de ahí.
Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la creación de una contribución especial a favor de las alcaldías y distritos municipales. Esta medida representa un respaldo importante para fortalecer el financiamiento de la recolección de residuos, una tarea que recae directamente sobre los gobiernos locales y que muchas veces se ha visto limitada por la escasez de recursos.
Además, se introducen cambios en la contribución de pago por parte de los usuarios, lo que busca reflejar de manera más justa y proporcional el costo real de un sistema de gestión de residuos. Imagine que una empresa con ingresos de hasta 8 millones de pesos apenas paga RD$1,500 por periodo fiscal; de aprobarse en el Senado la pieza, esa empresa se acercará a los RD$6,000 anuales.
Otras de las discusiones es la obligatoriedad de aplicar a fundas plásticas y los productos de foam fabricados en el país, un componente que los haga biodegradables. Este punto no es menor. Representa una respuesta directa y sensata al problema ambiental.
Queda ahora el reto de la implementación, el seguimiento y la fiscalización en especial de la ciudadanía. Y ojo, no es que llegamos a la meta, falta mucho por avanzar, pero, sin duda, este nuevo marco legal es una base sólida sobre la cual podemos construir un país más limpio, más sano y consciente del valor de sus recursos y de su entorno.