Detenciones arbitrarias, retrasos judiciales, sobrecarga de trabajo, altos costos legales, cambios constantes en las leyes: las personas detenidas en Estados Unidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) enfrentan cada día un sistema judicial que juega en su contra.
“Es obvio que, en los cambios en la política, el blanco son los latinoamericanos, específicamente los de Centroamérica, Sudamérica y los mexicanos”, sostiene la abogada migratoria Jodi Goodwin, radicada en Texas.
Goodwin habló con periodistas latinoamericanos en la ciudad de McAllen como parte de un programa de cobertura sobre inmigración organizado por el Departamento de Estado y la firma de periodismo Inquire First. Para la abogada, el deterioro del sistema judicial migratorio es constante.
“Las cosas han cambiado y no lo creo. Todos los días es peor. Todos los días”, lamenta esta profesional del derecho que lleva más de 25 años trabajando con personas sin papeles en Estados Unidos.
Y habla específicamente de la solicitud de asilo, una medida que fue suspendida en diciembre de 2025 por la Administración del presidente Donald Trump como parte de su ofensiva contra la migración irregular.
“Quitar el acceso a pedir asilo es lo peor que pueden hacer. Toda la gente va a tener que esperar afuera”, dice Goowdin, refiriéndose a la frontera entre Estados Unidos y México.
Cada año llegan personas a EE.UU. en busca de protección porque han sufrido persecución por su raza, religión, nacionalidad, u otras razones. Hasta finales de 2025, el país enfrentaba una crisis de atrasos con más de 2.3 millones de personas con solicitudes de asilo pendientes en las cortes de inmigración, según medios internacionales.
Goodwin también asegura que incluso personas que han seguido el proceso legal para obtener sus papeles están siendo detenidas.
“Y no solo es que le quiten el acceso al asilo, es que ahora detengan a las personas que están aquí legalmente con permisos que habían hecho todo lo correcto. (…) Y de repente detengan a mis clientes que entraron legal y están casados con americanos, están llevando un proceso legal de su residencia. Todos los días peor, peor y peor”, dice.
El impacto, afirma, no es solo legal, sino humano.
“Es una tristeza increíble para mis clientes y las vidas de ellos, porque están pasando por tiempos de mucha desesperación, temor, trauma, postrauma para los niños, viendo sus padres agarrados, pos-trauma de ir a la escuela y a la s tres y media de la tarde no hay nadie ahí para recogerlos y luego no vean a sus padres por dos o tres meses. Y la próxima vez que los vean están en otro país”, describe.
el trabajo legal se multiplica por diez
Mientras tanto, el sistema de detención para migrantes está bajo presión. Actualmente, más de 73,000 personas están bajo custodia del ICE, el nivel más alto registrado. Desde diciembre de 2024, las detenciones han aumentado un 75%, según cifras de Americans for Immigrant Justice, una organización defensora de inmigrantes en EE.UU.
La abogada también describe un sistema colapsado desde dentro, cuando la carga de trabajo de los abogados privados se ha multiplicado.
“Lo más triste para mí es ver mis colegas, abogados privados, inundados con trabajo. Las 24 horas, 7 días de la semana y muchas veces es horas y horas nomás tratando de explicar algo que no tiene explicación, porque las políticas que tiene el gobierno ahorita no tienen sentido, son ilógicas y muchas de ellas en contra de la ley”.
“El problema es que estamos trabajando no doble, no triple, 10 veces más para un caso”, afirma. Y agrega que un caso que le podía tardar 20 horas o tres casos de 60 horas, ahora se convierten en 300 horas de trabajo. “No hay suficiente tiempo en el día”.
Sus críticas también apuntan al lado gubernamental, especialmente hacia los abogados del Estado, quienes, según Goodwin, “mienten, no entregan documentos a tiempo, no están al tanto de la ley, ni los cambios de la ley, ni las decisiones de las Cortes, ni llegan preparados”.
Y afirma que muchos de ellos, incluso jueces, actúan por órdenes superiores: “Dicen: ‘Tengo que hacerlo porque mi supervisor me dijo que tengo que oponerme a cada moción’. Estoy enferma, estoy en el hospital, no puedo ir a la corte, necesito un aplazamiento. No, no puedo estar de acuerdo. Eso es una falta de respeto, es una falta de profesionalismo”.
Goodwin incluso sostiene que los jueces migratorios no tienen independencia para interpretar la ley.
“Hoy en día hay que entender que los jueces de migración no son jueces, tal y como son. Mejor dicho, son abogados que trabajan para el procurador general de Estados Unidos. Su jefe es Pam Bondi, la procuradora general”, dice.
“Y si Pam Bondi les dice no pueden dar aplazamientos para preparación, van a perder sus trabajos si no siguen las órdenes de su jefe. Si su jefe dice que tienes que interpretar la ley de tal manera porque te lo estoy diciendo. Ellos no tienen independencia de interpretar la ley tal y como es”, añade.
autodeportación
Las condiciones en los centros de detención del ICE empujan a muchas personas a renunciar a su derecho a defenderse, según la abogada. Un informe publicado en 2025 publicado por Human Rights Watch y Americans for Immigrant Justice señaló presuntas violaciones de derechos humanos en un centro de detención en Florida.
Por ejemplo, existía hacinamiento extremo en celdas de retención congelantes donde los detenidos eran obligados a dormir sobre pisos de concreto frío bajo iluminación fluorescente constante. Y a muchas personas se les negó acceso a higiene básica y atención médica.
Por ello, optan por la autodeportación.
“Si una persona va a estar detenido con ICE, eso quiere decir que por alguna razón tiene derecho de ver un juez de migración. No todos van a ejercer ese derecho y ya cuando están ahí con ICE, ellos tienen la posibilidad de abandonar su derecho de ver el juez y pedir una autodeportación”, explica.
el derecho a un abogado no existe para los detenidos
Cuando una persona es detenida por su estatus migratorio, la ley no contempla el derecho a un abogado pagado por el Estado, a diferencia de un caso penal, en el que la persona sí tiene ese derecho. Esto agrava aún más la situación de las personas detenidas por ICE.
Pero los migrantes chocan con precios muy elevados por los servicios privados: entre 2,000 y 7,000 dólares por caso, o hasta 100 dólares por hora, indica Goodwin. Como resultado, el 76% de las personas con orden de deportación no tiene abogado, según cifras oficiales.
Esto reduce las probabilidades de éxito de los migrantes.
Detenidos
Goodwin sostiene que cuando una persona detenida dispone de un abogado tiene el “doble o triple” de más chance de ganar un caso. En la actualidad “esos (números) deben ser menos”, dice.
“El sistema ahora está diseñado para que la gente pierda”, subraya Goodwin.
Casi el 74% de los detenidos no tiene condena penal, y muchos solo han cometido infracciones menores. Mientras tanto, los arrestos de personas sin antecedentes se han disparado en un 2,450%, según datos de Americans for Immigrant Justice.
añade.