La medida anunciada por Edesur Dominicana, compañía que a partir del 1 de noviembre de 2026 implementará un “cargo por uso de la red” del 25% a los usuarios con generación distribuida (paneles solares), no responde a ningún fundamento técnico ni económico, según explicó el ingeniero electromecánico José Luis Moreno San Juan.
“Hemos cuestionado ese cargo a las inyecciones desde el momento en que nos enteramos de que eso era así cuando salió la resolución en enero; hemos hecho todo lo posible porque se modificara esa resolución porque el problema no eran las inyecciones, sino los retiros”, comentó el representante del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (IE-UASD).
Aunque la normativa de la distribuidora eléctrica establece que el cargo “será el resultado de multiplicar la energía inyectada a la red por el 25% del cargo por energía de la tarifa asignada al cliente”, el ingeniero expresó que el problema real no son las inyecciones de energía, sino el consumo de la red, el cual tiene un precio muy bajo y subsidiado.
Al señalar que las distribuidoras ganaban cinco centavos de dólar por cada kilovatio por hora inyectado por los consumidores, catalogó de absurdo “castigar” esa inyección, ya que los clientes podrían abstenerse de inyectar energía a la red para evitar ese recargo.
“Es un punto de intercambio. Es como si usted les dijera a los grandes productores solares que trabajan en la parte de transmisión que usted les va a cobrar un peaje por usar las líneas de distribución cuando ellos compran la energía en la subestación de distribución. Es la misma lógica”, criticó.
En el esquema de medición neta, utilizado por los usuarios de paneles solares para inyectar energía a las redes eléctricas, cobrar este cargo mensual del 25% por las inyecciones, pero diferir el pago de los excedentes de energía hasta el final del año en lugar de pagarlo mensualmente, es algo que Moreno San Juan juzga de ilógico y “descabellado”.
Aspecto legal
Consideró que esta resolución perjudica principalmente a los pequeños productores de baja tensión simple, llegando incluso a contradecirse con la Constitución dominicana, creando la posibilidad de una impugnación legal.
“Hay una violación de lo que es el artículo 110 de la Constitución y lo que establece ese artículo. O sea, que hay una violación constitucional en esta resolución y eso se puede incluso impugnar”, declaró.
El ingeniero afirmó que con las demás autoridades eléctricas se discutieron todas estas objeciones en el Consejo Económico y Social, pero nunca se recibió una respuesta satisfactoria.
“Injusticia social”
Los usuarios afectados por esta regulación ven la resolución como un castigo, al considerar que solo buscan modernizarse, cuidar el medioambiente y utilizar energías limpias.
“Es una injusticia y no tiene ni pies ni cabeza porque cuando tú estás buscando cuidar el medioambiente con energía alternativa, te están castigando por eso”, comentó un cliente que prefirió quedarse en el anonimato.
Con más de seis meses utilizando paneles solares, manifestó que investigó a profundidad antes de hacer la inversión para obtener «libertad eléctrica» y mejorar su calidad de vida, pues su factura llegaba entre RD$7,000 y RD$8,000, pero una vez instalados logró reducirla a menos de RD$100.
Ahora, con este nuevo impuesto, comentó su disgusto por el cobro de una energía que él mismo produce y entrega de forma gratuita para beneficio de la red.