A comienzos de mes, el general ® Juan Manuel Méndez informó que el INTRANT “prevé implementar la inspección técnica vehicular” (ITV) para el primer semestre de 2027, y que la institución “se encuentra trabajando con la Dirección de Compras y Contrataciones para buscar la vía más expedida que permita implementar este servicio a partir del primer semestre del año entrante”.
El solo anuncio merece un reconocimiento, pues Méndez demuestra su intención de hacer cumplir la ley (como es su costumbre), y de poner en funcionamiento los mecanismos que certifican y garantizan que los vehículos que circulan en las calles tengan condiciones de seguridad. Hace más de 10 años no se actualiza “la revista”, y, en palabras del senador Antonio Marte (que, a su forma, siempre dice la verdad) el 70% de los vehículos públicos no pasarían la prueba.
El problema aquí no es el qué, sino el cómo; y más que el cómo, el quién. La inspección técnica vehicular es algo obligatorio, en eso estamos claros, pero, la modalidad elegida por el INTRANT (agotados los procesos de licitación correspondientes), de que sean talleres habilitados los que certifiquen si los vehículos cumplen o no con los requisitos para circular por la vía pública, no está exenta de cuestionamientos y riesgos.
La experiencia internacional comparada señala que, cuando los talleres que hacen reparaciones son a su vez quienes certifican si los vehículos cumplen o no con la ley, los resultados no son satisfactorios. No se trata de sujetos, instituciones o intereses, sino de sistemas, mecanismos y conflictos entre esos intereses.
De su lado, el Dr. Andrés Lugo Risk, titular de la Dirección General de la Alianzas Público Privadas (DGAPP), había anunciado en marzo de este año que estaban en la fase final de lanzamiento de una APP –con costo cero para el Estado y bajo los más altos estándares internaciones de celeridad, eficiencia, criterios técnicos y buenas prácticas–, que se encargaría de realizar la ITV.
El proceso de licitación, pautado para iniciar a finales de año, contempla una inversión de 80 millones de dólares por parte de la entidad adjudicataria, para la construcción y operación de 30 centros en todo el país; proceso que se ha ralentizado por la coexistencia entre dos modelos de operación y de licitación.
Con un proceso prácticamente listo en DGAPP, lo estratégico para el Estado sería que, en aras de evitar el lastre de cuestionamientos que (históricamente) tiene el INTRANT a la fecha, así como la percepción negativa en el imaginario de la ciudadanía (al punto que ha tenido cinco directores en seis años), lo conveniente sería dejar que la DGAPP lidere administrativamente el proceso, bajo el soporte y supervisión técnica del INTRANT.
Y es que, en este contexto de descrédito heredado, hacer otra cosa sería poner cuestionamientos innecesarios sobre un proceso que, por su dimensión geográfica, naturaleza atomizada, y los intereses sindicales/territoriales/políticos envueltos, harían naufragar a un proyecto necesario.