José Nicolás Castillo Hart, alias «Nikito», fue el primero en caer de los señalados en la Operación Panthera 7, un caso que espera la medida de coerción en contra de los alegados responsables en el decomiso de 9.8 toneladas de cocaína realizado en el Puerto Multimodal Caucedo.
Las autoridades le colocaron bajo custodia en fecha 11 de enero, un día antes de los allanamientos generalizados en parte del territorio nacional. En su espalda estaba la orden de arresto autorizada por la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, emitida el 27 de diciembre de 2024.
La abogada de “Nikito”, Adalquiris Lespín Abreu, depositó una acción constitucional de habeas corpus. “Estamos estableciendo irregularidades de los arrestos de estos ciudadanos que fueron arrestados desde el sábado a las 2:00 de la tarde, al día de hoy no tiene respuesta por parte del tribunal”, dijo a miembros de la prensa.
La representante legal describió de “errática” la presentación de medida de coerción que hiciera el Ministerio Público, en razón de que la misma fue depositada a las 2:00 de la tarde del lunes, aunque en ese momento “lo único que ellos depositaron al Tribunal fue el relato fáctico”.
De ahí que volvieran a constatar en las horas siguientes, por lo que el tiempo en el que fueron depositados los elementos de prueba, adjuntos con el dispositivo de solicitud de la medida, “ya el plazo de ese depósito estaba ventajosamente vencido”.
En lo referente a los plazos, la togada hace guiño a la disposición del Código Procesal Penal que puntualiza: “La solicitud del Ministerio Público debe formularse luego de realizar las diligencias indispensables y, en todo caso, dentro de las 48 horas contadas a partir del arresto”.
De manera que, además de las “irregularidades” vistas en el arresto que motivan la acción de habeas corpus llevaba a cabo por Lespín Abreu, esta también refiere que el tiempo de su cliente bajo arresto excedió las 48 horas para que le sea solicitada medida coercitiva.
“¿Cuál es la necesidad de acelerarse a apresar a personas, si todavía no tengo ni siquiera la medida montada?”, cuestionó Lespín Abreu a su salida de la Sala de Audiencias 1 de la Jurisdicción Penal de Santo Domingo Este, donde el Juzgado de Atención Permanente conoce el expediente.
La Operación Panthera 7 busca crear responsabilidad en siete imputados que supuestamente responden al decomiso de 9.8 toneladas de cocaína, realizado el pasado 6 de diciembre en el Puerto Multimodal Caucedo y es la mayor incautación en la histórica para la agencia antidroga dominicana.