El Ministerio Público inició la lectura de la acusación en contra de Emmanuel Rivera Ledesma, señalado junto a otros imputados de ser parte de una red delictiva que estafó a más de 500 personas mediante falsos proyectos inmobiliarios, desmantelada durante la Operación Nido.
Los fiscales de la Dirección de Persecución y de la Fiscalía del Distrito Nacional comenzaron a detallar, en el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por Raymundo Mejía, la participación de cada uno de los involucrados en el caso Nido.
Los fiscales Magalys Sánchez, Laura Vargas y Andrés Mena detallaron los tipos penales que enfrentan los acusados, tales como estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos, en violación de los artículos 265, 266, 405, 59, 60 y 147 del Código Penal Dominicano.
En el caso figuran, además, como acusados Luis Alberto Méndez Rosario, José Ramón Castillo Peña, María del Carmen Fernández Gómez, Rafael Antonio Guzmán Peralta, Esteban de Jesús Rojas, Carolina Martínez Jiménez, Héctor Manuel Díaz Peña, Francisca Altagracia Torres, Miguel Ángel Suero Pimentel y Julio César Vargas, así como las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL.
La investigación reveló que la red utilizaba las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL para comercializar propiedades inexistentes y captar fondos de las víctimas.
De igual modo, se determinó que estas compañías incumplieron sus obligaciones fiscales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), incurriendo en defraudación tributaria.
El fraude los supera los RD$ 235 millones y US$ 10 millones, montos que el Ministerio Público busca recuperar a favor de los afectados.
Como parte de las acciones legales, se incautaron bienes adquiridos con los fondos de las víctimas, incluyendo casas, apartamentos, vehículos y maquinaria pesada, los cuales también fueron utilizados para costear el alto estilo de vida de los imputados.
La red fue desmantelada tras 25 allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional, donde se confiscaron propiedades y documentos clave.
Entre las pruebas presentadas, se señala que Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba el nombre de figuras públicas para ganar credibilidad ante sus víctimas.
Asimismo, intentó disuadir a los afectados de presentar querellas, ofreciendo nuevos contratos fraudulentos con el fin de obstruir el proceso judicial.