La defensa del imputado Víctor Díaz Rúa solicitó a los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la absolución definitiva de su cliente, por “insuficiencia de pruebas” por el escándalo de los sobornos en el caso Odebrecht.
Los doctores Miguel Valerio, Ramón Núñez y Laura Rodríguez pidieron a las juezas Gisell Méndez, Tanía Yunes y Jisell Naranjo declarar a Díaz Rúa “no culpable, por considerar que no se probó la acusación, las pruebas aportadas no fueron suficientes para establecer su responsabilidad penal y que este no participó en el hecho que se le imputa.
El consejo de defensa, en su cierre final, solicitó al tribunal rechazar la petición de decomiso de bienes planteado por los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), así como cesar cualquier orden del juez de instrucción de secuestro de bienes o inmovilizaciones de fondos en entidades financieras, mercado de valores.
Igualmente, pidió al tribunal rechazar cualquier inscripción realizada en el Registro Mercantil sobre las sociedades de comercio mencionadas en la referida acusación del Ministerio Público, así como ordenar el cese de todas las medidas de coerción que pesan en su contra.
Valerio, quien encabeza la defensa, también pidió a las juezas decretar de la acción penal por prescripción en cuanto a la imputación de incompatibilidad de funcionarios, prevista en el artículo 175 del Código Penal y cohecho, previsto en los artículos 177-178 del Código Penal.
La audiencia continuará el próximo lunes con el discurso de cierre de parte de la defensa del ex presidente del Senado Andrés Bautista. En torno al caso figuran además como acusados el empresario Ángel Rondón, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez.
Ya el imputado Rondón, concluyó con su discurso de cierre pidiendo la absolución y el rechazo del decomiso de los bienes y el cese de las medidas de coerción.
También los fiscales del Pepca, concluyeron con su discurso de cierre solicitando al tribunal las condenas de los seis implicados en el caso Odebrecht, de 5 a 10 años de prisión y el decomiso de los bienes.