El exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, aseguró este lunes que la decisión del Gobierno de apelar la decisión judicial que le otorgó un auto de no ha lugar en el caso Calamar es «persecución política pura».
Así se expresó el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en una publicación realizada en su cuenta de la red social X, donde acusa Gobierno de pretender revocar esta decisión judicial, con el objetivo de que no pueda presentarse a los comicios de 2028.
«Quieren revocar la decisión y mantener medidas de coerción en mi contra para tratar de frenar mi candidatura en 2028», leía parte del mensaje del exfuncionario.
¿GUERRA JURÍDICA?
Castillo igualmente acusó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) de emprender en una guerra jurídica en su contra, asegurando que nada lo detendrá.
De manera similar, el miembro del Comité Político del PLD, José Dantés, también señaló al Gobierno de practicar el lawfare, afirmando que «cuando la justicia se instrumentaliza para destruir adversarios políticos, deja de ser justicia».
Además, Dantés aseveró en una publicación en X que usar un proceso penal como instrumento de persecución deja a la población a «merced del poder de turno».
APELACIÓN DEL GOBIERNO
En un comunicado el Gobierno anunció que interpuso un recurso de apelación parcial contra la decisión judicial que otorgó auto de no ha lugar a Castillo Terrero.
El recurso fue depositado ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, con el objetivo de que la Cámara Penal de la Corte de Apelación revoque la resolución emitida el pasado 29 de mayo y disponga la apertura de un juicio de fondo.
La acción también procura mantener las medidas de coerción y restricciones patrimoniales vigentes mientras continúa el proceso judicial.
Según el escrito presentado, los representantes del Estado consideran que la decisión recurrida incurrió en errores de hecho y de derecho al valorar las pruebas aportadas por el Ministerio Público, particularmente en lo relativo a los alegados vínculos de Castillo con el esquema de financiamiento político descrito en la acusación.