Apoco más de 86 kilómetros al norte de Santo Domingo se encuentra Monseñor Nouel, una provincia que desde hace décadas mantiene una significativa actividad minera, convirtiendo la extracción de minerales, entre ellos el ferroníquel, en un renglón clave para la economía nacional.
Durante un recorrido realizado por Listín Diario en los municipios Bonao, Maimón y Piedra Blanca se pudo apreciar que la provincia ofrece, en principio, una imagen de dinamismo económico. En esas zonas se observa la circulación constante de personas y vehículos por calles asfaltadas y señalizadas, semáforos en funcionamiento y espacios urbanos que transmiten cierta sensación de orden.
Esa percepción, sin embargo, cambia al visitar comunidades más alejadas de los centros urbanos y más cercanas a las minas.
Aunque la minería impulsa la actividad económica en estas áreas, numerosos residentes continúan enfrentando carencias en los servicios básicos y condiciones de vida precarias.
Las cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reflejan parte de esa realidad. Durante los últimos dos años, Monseñor Nouel se ubicó entre las provincias con menor inversión pública en áreas esenciales, con un monto de 114 mil millones de pesos destinados a distintos proyectos.
Educación
El sector educativo encabeza la lista de proyectos dentro de la provincia. En total se registran 28 iniciativas, equivalentes al 33%, destinadas principalmente a la construcción y remodelación de planteles escolares. A pesar de esa inversión en infraestructura, los datos reflejan dificultades en el rendimiento académico.
En la regional educativa de Cotuí, que abarca las provincias Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez, se registraron 1,388 incidencias de estudiantes aplazados en las Pruebas Nacionales de 2025 de un total de 9,936 alumnos. La cifra equivale a aproximadamente un 14% de la población estudiantil, según datos suministrados a este medio por el Ministerio de Educación (Minerd).
Matemática encabeza la lista de asignaturas con mayor número de casos, con 412 estudiantes en esa condición. Le siguen Ciencias de la Naturaleza con entre 334 y 335 registros, Lengua Española con 334 y Ciencias Sociales con 308.
Las estadísticas también indican que algunos alumnos reprobaron más de una materia. En términos individuales, el registro muestra que 682 estudiantes aplazaron una o más asignaturas dentro de los distritos educativos de Cotuí, Fantino, Cevicos, Bonao y Piedra Blanca.
Los varones concentran la mayor cantidad de incidencias, con 868 casos frente a 520 registrados entre las estudiantes femeninas.
Salud: uno de los reclamos más frecuentes
La actividad minera puede tener efectos perjudiciales para la salud humana. La exposición a sustancias tóxicas y contaminantes presentes en el aire, el agua y el suelo puede provocar enfermedades respiratorias, problemas de salud a largo plazo e incluso riesgos para la vida. Por lo que el acceso a servicios de salud adecuados constituye una necesidad fundamental en una ciudad cuya principal fuente de ingresos es la extracción de minerales.
Dentro de los planes de inversión registrados para la provincia, el sector salud ocupa una proporción reducida. De un total de 84 proyectos identificados en el primer cuatrimestre de este año, apenas seis corresponden a esta área, lo que representa el 7.1 %.
Entre esas iniciativas se incluían la construcción de farmacias públicas, un centro de diagnóstico y la remodelación del hospital provincial. El pasado 11 de junio, el presidente Luis Abinader entregó el Hospital Municipal de Maimón remozado, ampliado y equipado, así como también el Centro de Primer Nivel (CPN) de esta localidad.
Asimismo, locales coinciden en que con la llegada del doctor Julio Landrón a la dirección ejecutiva del Servicio Nacional de Salud (SNS) se ha visto mayor atención hacia este sector en estas zonas.
Infraestructuras en abandono
Las dificultades también se reflejan en otras instalaciones públicas como el cementerio municipal que sirve a las comunidades Los Martínez y El Copey, el deterioro resulta visible en escalinatas cubiertas de polvo y maleza, tumbas sin mantenimiento y ausencia de vigilancia.
José Luis Peña Polanco, comunitario de La Raíz y representante del Comité Pro Desarrollo, recordó que en el año 2022 los residentes realizaron una marcha pacífica para reclamar mejoras. Tras esa movilización, la Corporación Minera Dominicana (Cormidom) entregó RD$29 millones al ayuntamiento para atender varias necesidades comunitarias, entre ellas la construcción de nichos para el cementerio.
Aunque posteriormente se realizaron algunos desembolsos adicionales, la obra no fue concluida ni se estableció un programa de mantenimiento para el camposanto.
Las estadísticas oficiales también reflejan una limitada inversión en infraestructura dentro de la provincia. En este renglón se registran seis proyectos, equivalentes al 9.5 % del total, orientados principalmente a reconstrucción vial y mejoramiento de calles.
Escasez de agua
En localidades como La Raíz, El Copey y Los Martínez, uno de los problemas más persistentes, externado por sus moradores, es la falta de agua potable.
A finales de mayo y principios de junio se anunció la futura construcción del Acueducto Múltiple Sánchez Ramírez y de un trasvase hacia Santo Domingo. Sin embargo, ante la ausencia de una infraestructura como esta que garantice el suministro regular de agua, numerosos residentes optaron por perforar pozos tubulares de manera individual. No obstante, esta alternativa ha provocado que el recurso sea cada vez más limitado.
Según explicó Peña Polanco, hace aproximadamente seis años, Cormidom adquirió tubos metálicos valorados en RD$6 millones para la construcción de un acueducto. La instalación quedó a cargo de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (Coramon), aunque hasta la fecha los trabajos no han iniciado.
Algunos de esos materiales permanecieron por tiempo indefinido en la comunidad Los Martínez, expuestos a la intemperie, con señales de oxidación y rodeados de maleza. Otros fueron reservados en el centro comunitario, según uno de los residentes de la zona consultado el pasado mes de julio.
Peña Polanco, dirigente del citado Comité Pro Desarrollo, indicó que la solicitud del acueducto fue realizada en 2017. Según explicó, el proyecto solo requiere la excavación y la mano de obra para instalar los equipos, ya que se contabilizaban hasta enero de este año alrededor de 92 tubos galvanizados disponibles para la obra.
En tanto, el crecimiento poblacional ha incrementado la demanda de agua, mientras que el pequeño acueducto construido en 1994 resulta insuficiente para cubrir las necesidades actuales.
En una visita a esa comunidad realizada en julio, los tubos ya no permanecían a la intemperie. Fueron resguardados en el centro comunitario para resguardarlos de las inclemencias del clima.
Otras carencias
Situaciones similares se presentan en sectores como Brisas del Copey, donde la falta de agua se suma a calles sin asfaltar, ausencia de alcantarillado y una constante nube de polvo que afecta a los residentes.
Una lugareña identificada como Marta relató que el servicio de agua apenas funciona durante algunos minutos, tiempo insuficiente para abastecer a todas las viviendas.
Elpidio Rivera Guzmán, presidente de la Junta de Vecinos de la comunidad Brisas del Copey y miembro del nombrado Comité, afirmó que solo alrededor del tres por ciento de los residentes logra acceder a agua potable, mientras en la zona no existe un sistema público que garantice el suministro.
A esas dificultades se añade el problema del servicio eléctrico. Según Guzmán, la comunidad ha solicitado formalmente la electrificación a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte).
En La Raíz, además, varios postes y cables de alta tensión se encuentran deteriorados, lo que representa un riesgo para quienes viven en el lugar.
Esta realidad contrasta con las cifras oficiales que sitúan al área de viviendas y servicios comunitarios entre las que concentran mayor número de iniciativas, con 18 proyectos equivalentes al 21% del total.
Además de las áreas ya mencionadas, varios sectores registran niveles reducidos de inversión pública. Entre ellos se encuentran riego, justicia y seguridad, telecomunicaciones, protección social, administración general, iniciativas relacionadas con cambio climático y programas de protección ambiental.
Casi dos meses después de la última visita de Listín Diario a esas comunidades, los representante del Comité Pro Desarrollo confirmaron mediante una llamada que gracias a varias manifestaciones han mejorado algunas realidades de esos sectores, pero el asfaltado de calles, la electrificación y el acceso al agua continúan entre los principales reclamos.
Reclaman mayor transparencia
Residentes de comunidades como El Copey, Los Martínez y La Raíz cuestionan la falta de transparencia en el manejo de los fondos provenientes de la minería.
“Nosotros hemos gestionado muchas cosas a través (de las empresas mineras), pero ya los fondos del 5% que se pagan, ya eso cae a la alcaldía automáticamente, porque es el gobierno municipal”, sostiene Peña Polanco a periodistas de este medio, antes de insistir en que: “sí le vamos a asegurar que el año siguiente que se vayan a dar fondos, nosotros estaremos ahí vigilantes de esos fondos”.
Según explica, esos recursos no se reflejan en mejoras para las comunidades. El mantenimiento de muchos barrios depende, en gran medida, del trabajo de las juntas de vecinos, del apoyo de empresas mineras y del comercio local. Por otro lado, también exhortaron a las autoridades municipales a no concentrarse únicamente en el embellecimiento de las entradas de los municipios, sino en atender las necesidades del interior de los barrios.
Responsables
La Ley 91-05 que crea el Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros (Fomisar) cita en su artículo 4 que un 10% de los ingresos de la explotación minera “se destinará a proyectos de desarrollo en la provincia Monseñor Nouel”.
Asimismo, estos recursos serán asignados a la entidad que en dicha provincia administra los fondos mineros provenientes de las explotaciones de la Falconbridge: Consejo para el Desarrollo de Monseñor Nouel, una entidad que nació de la Ley 507-05, promulgada el 22 de noviembre de 2005, y que ordena transferir acciones de Corde en Falconbridge Dominicana y distribuir sus dividendos para compensar el impacto ambiental en las comunidades mineras.
En 2025, Fomisar entregó 39,825 millones de pesos para los fines de ese organismo, el cual fue juramentado el 23 de agosto de 2006 y ratificado formalmente por el Decreto 527-06.
Mediante el Decreto No. 158-22 del 31 de marzo de 2022, el presidente Luis Abinader modernizó la estructura del Consejo, quedando integrado por 26 miembros representantes de diversos sectores, y la Comisión Ejecutiva por 15 miembros con una Dirección encargada de la operatividad, gestión y administración de los fondos.
Actualmente, mediante el Decreto No. 15-23, la gobernadora provincial Adela Mercedes Tejada Gil de Rosario funge como Presidente Interina de la Comisión Ejecutiva.
Con el objetivo de solicitar un informe de los montos recibidos de la minería, este medio intentó contactarse con el Consejo vía telefónica, sin éxito alguno. También se tramitó una solicitud de información mediante el correo electrónico que está disponible en su portal web, pero tampoco se obtuvo contacto alguno. Tampoco a través de las activas redes sociales de la gobernación.
De igual forma, se llamó en reiteradas ocasiones a la gobernación provincial, sin lograr el contacto, y la oficina no está incluida en el portal del Sistema de Acceso a la Información Pública de la República Dominicana.