Las medidas para reducir abortos en la región española de Castilla y León, donde gobiernan conservadores en coalición con la ultraderecha, han provocado un fuerte choque con el Gobierno nacional de izquierda, que advierte con recurrir a medidas legales para frenarlas.
Estas medidas, promovidas por la extrema derecha, se aplican desde este lunes en esta región del centro y norte de España e incluyen la derivación al servicio de salud mental de las embarazadas que lo requieran, una cuarta ecografía en el primer trimestre de embarazo para que los progenitores puedan escuchar el latido fetal y otra en cuatro dimensiones antes de interrumpirlo.
Castilla y León, la mayor región del país aunque con poca población, unos 2,4 millones de habitantes, y envejecida, está gobernada por el conservador Partido Popular (PP) en coalición con la formación de extrema derecha Vox, en el primer gobierno regional en España con la ultraderecha.
Un pulso
El gobierno regional mantiene un pulso con el nacional que integran el partido socialista PSOE y la formación de izquierda Unidas Podemos, que ha advertido a Castilla y León con acudir a la Justicia al considerar que esas medidas van contra la legislación española sobre el aborto.
Castilla y León, por su parte, acusa al Gobierno central de intentar invadir sus competencias, pues la Sanidad en España la gestionan las regiones.