El Ministerio Público recalcó que han presentado las pruebas suficientes para que a cada uno de los implicados en el caso Calamar se le dicte 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción cómo fue solicitado ante el tribunal.
«Las pruebas son más que superabundantes y este es un caso que lo más lamentable es que se pagaron más de 25,440 millones de pesos y se comprometieron del Estado dominicano más de 30,000 millones y ningún ciudadano dominicano podrá ver beneficio», señaló Melbin Romero, procurador fiscal adscrito a la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Las declaraciones de Romero se producen luego de que varios abogados de la defensa, incluyendo el de Gonzalo Castillo, señalarán que solicitarán la libertad «pura y simple» de sus clientes ya que entienden que no existen las «pruebas suficientes» para dictarles prisión preventiva.
Alrededor de las ocho de la noche de este martes, la jueza Kenya Romero del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional decidió recesar la audiencia del conocimiento de solicitud de medida de coerción contra los 20 implicados y se continuará el viernes a las 9 de la mañana.
Justo ese día el Ministerio Público debe de culminar con la lectura de su solicitud, la cual avanzaron en un 95%, y luego los abogados de la defensa deberán de presentar sus contraréplicas.
Los imputados
Estos son los de los exministros de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; de Hacienda, Donald Guerrero; Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, así como del abogado Ángel Lockward.
También están detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Además, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
¿De qué son acusados?
A los encartados se les señala de haber incurrido en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos vinculado presuntamente al pago irregular de expropiaciones de inmuebles.