Los disturbios desatados tras la muerte del joven Nahel por un disparo de la policía cuando escapaba a un control de carretera han acabado por desplazar, una semana después, tanto el debate sobre las fuerzas de seguridad como los problemas socioeconómicos subyacentes a los propios desórdenes.
Con el pico de la crisis ya superado, según el Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, la semana de altercados ha dejado un balance de 3,500 arrestos -un tercio de ellos menores de edad, algunos de solo 13 años-, varios miles de coches quemados y centenares de comercios y edificios públicos vandalizados por todo el país.
«Esta violencia no tiene nada que ver con una revuelta de los barrios», sino son actos de delincuencia que también sufren los propios vecinos, se esforzó por recalcar hoy la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, en la Asamblea Nacional ya con los disturbios claramente en retroceso.
No ha sido la primera vez, sin embargo, que Francia vive episodios de disturbios localizados, en particular en barrios de populares del extrarradio de París y otras grandes ciudades, donde habita mucha población de origen o ascendencia inmigrante (sobre todo del África subsahariana y del Magreb).
Los más comparables fueron en 2005 y su origen fue la muerte de dos adolescentes electrocutados en un transformador en el que se habían escondido huyendo de la policía en Clichy-sous-Bois, en la periferia parisina.
Son zonas en tensión en los que se cruzan problemas socioeconómicos como la pobreza y la falta de acceso a viviendas y servicios de calidad, con otros relacionados con la criminalidad y el tráfico de drogas.
COLECTA PARA EL POLICÍA
En ese contexto, la policía tiene muchas más posibilidades de parar a alguien cuando es joven y es visible su pertenencia a alguna minoría, según la Comisión Nacional Consultiva de los Derechos del Hombre (CNCDH), una institución oficial que vela por la defensa de los derechos humanos en Francia.
La consecuencia es un escenario de «mucha desconfianza con la policía», explica el sociólogo Vincent Tiberj, catedrático y experto de la CNCDH en lucha contra el racismo y la xenofobia.
En febrero de 2021, en su último informe sobre la relación entre la población y la policía, este organismo alertó de la necesidad imperativa de «redefinir las condiciones de intervención y del uso de la fuerza» de los cuerpos de seguridad, en concreto de prácticas como los controles de identidad, que generan un «sentimiento de arbitrariedad e injusticia cotidiana».
También la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reprochó al hilo de la muerte de Nahel en Nanterre -ubicada en el extrarradio oeste de París- que las últimas evaluaciones internacionales a Francia han denunciado actitudes de racismo en las fuerzas del orden, una conclusión que el Gobierno se apresuró a negar.
A este delicado cóctel se une la reforma de 2017 que, en el contexto de la lucha contra el terrorismo yihadista, flexibilizó los supuestos en los que la policía puede recurrir a sus armas, lo que ha llevado a una multiplicación de su uso en los cada vez más numerosos controles de carretera. El pasado año, se registró un pico de 13 muertes en ese tipo de situaciones.
LA VUELTA AL ORDEN
Pero los debates iniciales sobre todas estas cuestiones de fondo que rodean la muerte de Nahel M. quedaron progresivamente oscurecidos en el debate político y público por la virulencia de los disturbios, imponiendo una necesidad de retorno al orden y de respeto a la actuación de las fuerzas de seguridad.
«Esos jóvenes no estarían ahí si Nahel no estuviera muerto y su reacción es inicialmente de desesperanza», sostuvo en conversación con EFE la ensayista y activista antirracista Rokhaya Diallo, adscrita a la red europea ENAR (European Network Against Racism).
Diallo recalcó variables de desigualdad que afectan a las denominadas «banlieues» francesas, como la falta de profesores en el departamento de Seine Saint-Denis, que hace que un menor pierda hasta el equivalente a un año escolar durante su formación.
Y en la pandemia de covid, agregó, los recursos médicos insuficientes se tradujeron en una mortalidad mayor en esa misma zona de la periferia noreste de París.
«El problema es que el debate no cesa de desplazarse del tema inicial. Que ha muerto un joven de 17 años y la delincuencia es la del policía que le ha disparado, es un crimen», acusó Diallo en referencia al agente, que está imputado por homicidio voluntario.
DISCURSOS POPULISTAS
Más allá de este desplazamiento del foco de los problemas de fondo, analistas e incluso fuentes del propio Gobierno admiten su temor por la posibilidad de que los disturbios -que superan los 1,000 millones de euros en pérdidas según la patronal francesa- refuercen los discursos populistas, en particular de la ultraderecha.
«Sí, desgraciadamente lo vemos ya», opinó Diallo, poniendo como ejemplo la colecta en línea que, orquestada por una figura de la ultraderecha, ha recaudado en solo cinco días casi 1,5 millones de euros para la familia del policía acusado de la muerte de Nahel.