La mayoría de los partidos políticos apoyaron, en una cumbre sobre el marco regulatorio de la precampaña y la campaña, que la Junta Central Electoral (JCE) aplique la ley y se comprometieron a cumplir la norma y las resoluciones.
Algunos hicieron reclamos, objeciones a las restricciones del proselitismo externo durante la precampaña y propusieron un protocolo.
Otros reclamaron se garantice la igualdad, principalmente los de la oposición, que cuestionaron el uso de recursos del Estado y la inequidad en la publicidad en la televisora oficial. Pidieron a la JCE que disponga que en Radio Televisión Dominicana se le otorguen por lo menos 6 horas los partidos no gubernamentales.
Hubo respaldo y rechazo a la resolución 53-23 emitida por la JCE, sobre los actos permitidos y prohibidos en la precampaña.
El marco legal de la precampaña y la campaña fue discutido por más de tres horas en una cumbre encabezada por el Pleno de la Junta.
El evento inició con las palabras del presidente de la JCE, Román Jaquez Liranzo, quien dijo que ese órgano no es el verdugo de un proceso electoral y que si ha sido visto de esa forma, no debe serlo, por lo menos en el contexto constitucional y democrático actual.
Expuso que la JCE es simplemente la entidad que administra el proceso electoral, la que debe hacer respetar las reglas de juego, porque ese es su papel.
Jaquez Liranzo hizo un recuento de las últimas elecciones celebrades desde el 1994, para luego afirmar que “este país ha estado acostumbrado a una campaña permanente”.
El propósito de la reunión
Planteó que una reforma electoral tiene que tomar en cuenta esa idiosincrasia del pueblo dominicano, porque se plasmaron en las leyes de partido y electoral aspectos que la Junta tiene que hacer cumplir.
Basado en el artículo 212 de la Constitución, enfatizó que la JCE está para dirigir y organizar las asambleas electorales, y los mecanismos de participación popular.
Sostuvo que la relación de la JCE debe ser nadando en el mismo sentido con los partidos y las candidaturas, en apego a la constitución y las leyes y las decisiones jurisdiccionales que le son vinculantes. Al mismo tiempo, garantizó que cumplirá la ley y la jurisprudencia.
Explicó que el propósito de la cumbre era conversar sobre las actividades que se han venido realizando, que no son un secreto para nadie, pero que la JCE ha estado navegando entre vacíos legales y contradicciones e inconstitucionalidades.
“Si se hace una revisión actualizada de la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, creo que le quedarán 5 artículos, y todo deberá ser declarado inconstitucional”, manifestó.
Informó que el Pleno instruyó a varias direcciones de la JCE para que realicen reuniones cada 15 días con los delegados de los partidos para tratar temas sobre el proceso electoral, porque el ánimo es que se desarrolle un proceso informado y transparente.
Al final del evento, el presidente de la JCE señaló que las propuestas hechas deben ser formalizadas por escrito y que convocará una reunión para presentar los resultados de la cumbre.
Indicó que el Pleno conocerá los recursos de reconsideración que han presentado los partidos contra la resolución 53-23 sobre la regulación en la precampaña
Posición de los partidos políticos
El primero en hablar fue José Ignacio Paliza, presidente del PRM, quién comenzó señalando que las leyes de partido y electoral fueron aprobadas por el Congreso Nacional, con representación de las diversas fuerzas políticas y que a la JCE corresponde aplicarlas.
Dijo que su partido quiere cumplir la ley y que la Junta lo someta al marco legal, sin importar quien las haya violado.
Aseguró que siempre van a apoyar a la JCE y sus decisiones.
Dijo que ese partido, con su duplicidad de funciones por estar en el gobierno, dará muestra de cumplimiento legal en cuanto a la participación de los funcionarios públicos en la campaña y evitar el uso de los recursos públicos.
Después intervino Charlie Mariotti, secretario general del PLD, quien expuso que creen en una Junta árbitro, coordinadora, gestora y gerente del proceso electoral.
Pero le reclamó que antes de emitir una resolución convoque a los partidos para escuchar su parecer.
Dijo que como exsenador, se siente responsable de algunos de los errores de las leyes de partido y electoral, y propuso que después de las elecciones del 2024 se aboquen la aprobación de un Código Electoral.
“En el mejor de los ánimos estamos aquí sentados. No somos violadores de la ley, pero como entidad política tenemos la intención de llegar al poder”, acotó.
Criticó la publicidad estatal y el uso de los medios de comunicación oficial en beneficio de los candidatos del partido del gobierno y otras actuaciones que atribuye a la organización oficial.
El secretario general de la Fuerza del Pueblo, Antonio Florián, sostuvo que no son partidarios de la violación a la ley, sino que quieren que se interprete adecuadamente en el momento actual.
Sugirió un protocolo que permita que el proceso se desarrolle con armonía.
Señaló que no pueden empujar al órgano electoral a incumplir los precedentes vinculantes, sino que deben contribuir a que sea mejor. Valoró las instrucciones del Pleno de reuniones periódicas con los partidos, lo cual consideró ayudan a un clima de confianza.
Yanet Camilo, delegada del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) dijo que no van a incumplir la ley que están apegados a la norma, pero recordó que fue el Congreso Nacional que hizo posible el marco legal existente.
“Una ley (33-18) muy buena, muy bonita, pero no miramos la constitución y hoy no sabemos que le queda”, expuso. Deploró también que se haya aprobado la nueva ley electoral, 20-23, con la disposición sobre la cuota de género a nivel general.
Exigió que haya comunicación y dialogo entre la JCE y los partidos. Solicitó a la JCE revisar la resolución 53-23, que se garantice igualdad a todos los partidos, que se elabore un protocolo.
Rafael Cruz, secretario general del PRSC, dijo que apoyan la aplicación de las leyes y las resoluciones dictadas por la JCE. Apoyan un Código Electoral con mayor régimen de consecuencia ante violaciones.
“Existen buenas intenciones, pero las sanciones y penalidades son muy simples”, visualizó.
Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista, indicó que la JCE tiene que usar el poder reglamentario que le confiere la Constitución, pero con equilibrio y racionalidad.
Sostuvo que la Junta tiene ese poder, pero si no se usa se atrofia y hasta se puede perder. Consideró que mientras más dura la campaña más cuesta, es menos equitativa y más propicia a la incubación de negocios ilícitos.
Entiendo que no se hace nada si la clase política no cambia los valores y actitudes.