El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, declaró que se hicieron pagos por alrededor de 20 mil millones de pesos de manera irregular a empresas vinculadas en el entramado de corrupción desmantelado durante la operación Antipulpo.
El funcionario, al declarar en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se conoce el juicio de fondo en contra de los imputados, sostuvo que, al momento de realizar dicho pago, no se cumplió con el procedimiento regular.
Consideró que al tratarse de deuda administrativa de compromiso de deudas anteriores debió validarse las deudas por el Ministerio de Hacienda, la Unidad de Análisis de la Contraloría General de la República, que debió haber certificado la validez de ese expediente.
Igualmente, manifestó al responder preguntas de Jorge Antonio López Hilario, del equipo de abogados de recuperación de bienes del Estado, que la Tesorería Nacional debió haber hecho el libramiento de pago correspondiente.
Al momento en que el funcionario era interrogado por los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), los abogados de la defensa de los imputados la iban objetando por la forma en que eran formuladas las preguntas.
El tribunal presidido por la jueza Claribel Nivar e integrado por Yissel Soto y Clara Castillo al principio rechazaron excluir como testigo a Rijo Presbot, quien fue objetado por por la defensa del principal implicado en el sonado caso, Alexis Medina Sánchez, hermano del ex presidente Danilo Medina.
Las declaraciones de Rijo Presbot fueron pospuestas en varias ocasiones, debido a varios aplazamientos que se produjeron en el tribunal, por diferentes razones, entre ellas que un abogado y un acusado tenían el Covid-19.
Según la acusación del MP, la mayoría de los imputados actuó como “testaferro” de Alexis Medina y Carmen Magalis Medina Sánchez, ambos hermanos del ex presidente de la República.
Entre los encartados en el caso figuran además Fernando Aquilino Rosa, exdirector del Fonper; el exdirector de la Oisoe, Francisco Pagán (quien admitió sus responsabilidades y llegó a un acuerdo con el MP); el exministro de Salud Pública Freddy Hidalgo; y el excontralor general Rafael Germosén Andújar.