La comercialización de rayas y tiburones está prohibida en la República Dominicana desde hace ocho años. No obstante, datos consultados por Listín Diario, confirman la continuidad de su exportación e importación, pese a la medida anunciada por las autoridades.
Conocido por su nombre científico como “Rajidae”, desde 2018, es decir, un año después de establecida la veda, la República Dominicana continuó la exportación de rayas por vía marítima y por carretera, de acuerdo con varios informes de importación publicados por la oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
Conforme con los documentos a los que tuvo acceso este diario, en 2018 el país exportó escualos y rayas hacia Haití por carretera, específicamente por Dajabón, alimentos que serían utilizados posteriormente como materia prima para la industria alimenticia, según detalla el informe.
Esta acción se repitió en 2023, con la exportación de rayas con destino hacia Europa del sur, específicamente Italia, saliendo por vía marítima desde La Romana, también para ser utilizado como materia prima para alimentos.
En tanto que, en 2024, se reportó la exportación de esta especie hacia Europa occidental, previamente Alemania y para los fines ya anteriormente comentados.
Mientras que, en 2021, en el ámbito de importación, se registró la llegada al país de cargamentos de rayas procedentes de España, ingresados a través del multimodal de Caucedo, según los registros consultados.
Una solicitud de acceso a la información pública dirigida al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales permitió conocer el estado actual de la gestión de tiburones y rayas en el país.
La entidad confirmó que desde 2017 se mantiene una veda indefinida, establecida mediante la resolución 0023-2017, que prohíbe la captura y comercialización de todas las especies de elasmobranquios en aguas nacionales.
Bajo el marco de estas disposiciones internas, la documentación señala que el país complementa su política con las regulaciones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) un tratado internacional que regula el comercio global de especies silvestres mediante permisos y clasificaciones según su nivel de amenaza.
La inclusión de varios tiburones y todas las mantarrayas dentro de sus apéndices responde a la presión ejercida por el comercio de aletas y otros derivados a escala internacional.
Conforme a las respuestas oficiales, la entidad mantiene controles estrictos sobre estas especies debido al impacto del comercio mundial, pero la institución no aportó datos locales que permitan evaluar cómo estas regulaciones, combinadas con la veda nacional, han influido en las poblaciones de tiburones del país.
Tampoco se presentaron estadísticas o análisis que indiquen si la abundancia de estos animales ha registrado cambios en los últimos años.
No obstante, expertos del órgano rector de la gestión del medio ambiente, los ecosistemas y los recursos naturales destacan que estas especies ayudan al mantenimiento de la salud del ecosistema marino y su ausencia en el ambiente natural puede conllevar a un descenso de la productividad pesquera. Además, puede tener efectos negativos en todos los ecosistemas del litoral costero del país.
De acuerdo con el expediente entregado, el Ministerio asegura que existen esfuerzos de monitoreo en diversas provincias, que incluyen estudios y tecnologías como el rastreo satelital. Pese a ello, la información proporcionada no contiene resultados, conclusiones técnicas ni series de datos que permitan determinar el impacto real de estas acciones sobre la conservación de las especies.
Cinco sanciones registradas
El Ministerio de Medio Ambiente reveló la existencia de cinco sanciones administrativas en los últimos cinco años por captura y muerte de tiburones, además de decomisos de carne de tiburón y rayas.
Estas acciones, ejecutadas en coordinación con el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) y el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (Codopesca), carecen de detalles que permitan conocer su contexto, frecuencia o relevancia dentro de las dinámicas de pesca ilegal.
En tanto que, la institución describe mecanismos de fiscalización que incluyen visitas periódicas a centros de pesca y verificaciones semestrales en instalaciones autorizadas para mantener tiburones y rayas bajo confinamiento. Aunque estas medidas figuran en las respuestas oficiales, no se ofrecieron indicadores ni resultados que permitan evaluar su eficacia.
En cuanto al componente económico, la autoridad ambiental reconoce que no ha realizado estudios de valoración sobre el papel de estas especies dentro del turismo local. Solo hace referencia a empresas que obtienen ingresos mediante actividades de interacción con tiburones y rayas, sin aportar estimaciones ni análisis que permitan conocer la importancia económica de estas prácticas.
¿Hay algún protocolo para su avistamiento?
En el ámbito turístico, el documento indica que el país participa en múltiples acuerdos internacionales de protección ambiental y posee legislación interna que obliga a conservar la biodiversidad.
Sin embargo, se confirma que no existe un protocolo oficial que regule el avistamiento o la interacción con tiburones en zonas marinas o áreas protegidas, lo que deja estas actividades sujetas a criterios generales de prevención ambiental y al principio de precaución.
Respecto a las empresas que mantienen tiburones o rayas en confinamiento para fines turísticos, las respuestas detallan que deben contar con concesiones para el uso del espacio costero y marino, así como presentar Informes de Cumplimiento Ambiental con reportes de nacimientos y reproducción.
Aunque estas obligaciones están definidas, la institución no especifica cuántas instalaciones están autorizadas ni ofrece información sobre su desempeño o historial de cumplimiento.