Ramón Cruz Benzán
Santo Domingo, RD.
Varias víctimas del caso de estafa inmobiliaria conocido como «Nido» protestaron frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva de la lentitud del proceso judicial contra los implicados. El fraude, que ha afectado a cientos de personas, asciende a más de RD$235 millones y US$10 millones.
Una de las afectadas, Ángela Ferreira, expresó su frustración y desesperación por el caso, que lleva dos años y medio sin avanzar. Portando pancartas, la señora hizo un llamado a la justicia para que acelere el proceso, especialmente dado que ella sufre de una grave condición de salud.
Ferreira desmintió que el principal acusado, el empresario Emmanuel Rivera Ledesma, haya devuelto dinero a las víctimas, calificando estas afirmaciones como un intento de limpiar su imagen.
Reveló haber sido estafada por 60,000 dólares y mencionó que el fraude también afectó a otros familiares, con pérdidas de 27,000 y 55,000 dólares en diferentes casos, y lamentó que este tipo de situaciones dañe la confianza de los inversionistas extranjeros en el país.
El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional está a cargo del juicio de fondo contra Rivera Ledesma y otros acusados: Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Reilin Arismendy Rosario García, y Juan Omar Rosario López, así como las empresas Inmobiliaria Diseños Arquitectónicos INDIARQ, S.R.L., y CRD Equipos Pesados, S.R.L.
El Ministerio Público señala a Emmanuel Rivera Ledesma como el principal cabecilla de la red, que supuestamente operaba desde 2019. De acuerdo con la acusación, Rivera Ledesma utilizaba su empresa para estafar a cientos de personas, tanto en República Dominicana como en el extranjero. El fraude se facilitaba con las víctimas que estaban fuera del país, ya que no podían verificar los avances de los proyectos de construcción.
Los implicados enfrentan cargos por estafa, asociación de malhechores y lavado de activos, así como por violaciones al Código Tributario. La fiscalía sostiene que los acusados buscaban vivir una vida de lujos con el dinero de las víctimas, afectando no solo su patrimonio, sino también su estado emocional y la imagen del país.