El abogado del exministro de Hacienda Donald Guerrero, Mario Aguilera, solicitó al tribunal que conoce el caso Calamar que quede consignado en acta que el informe de la Contraloría General, un documento que sirvió de punto de partida para la acusación, nunca le fue notificado a la defensa.
Aguilera argumentó que, debido a esta omisión, la defensa no tuvo la oportunidad de conocer y discutir el contenido del informe, un derecho que está contemplado en la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.
«Ese informe existe, ha sido mencionado como prueba en este caso y nunca nos ha sido notificado. Por tanto, jamás hemos podido ejercer contradicción alguna», subrayó el jurista.
La intervención cobra especial relevancia porque el informe fue utilizado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para justificar la investigación de la Operación Calamar, iniciada en 2020.
Sobre este documento se construyeron las acusaciones contra Guerrero y otros exfuncionarios por supuestas irregularidades en pagos de expropiaciones que superaron los 17,000 millones de pesos entre abril y junio de 2020.
Según fuentes jurídicas, la omisión de notificar un documento de esta magnitud compromete directamente el derecho al debido proceso y podría impactar en la validez de las actuaciones del Ministerio Público.
«Ahora que se menciona, tenemos alto interés en que se haga constar en acta que nunca se nos notificó como defensa de Donald Guerrero y, por consiguiente, nunca ejercimos contradicción al respecto», añadió Aguilera.
Nuevos desistimientos en el caso
La sesión también estuvo marcada por nuevos desistimientos en favor del exministro. Al igual que la semana pasada, varios querellantes comunicaron al tribunal que retiran sus acusaciones contra Guerrero.
Entre ellos, la Fundación Alfredo Nóbel, que retiró su querella y acusación particular, así como representantes de la familia Mota, quienes cuentan con títulos de propiedad y habían suscrito contratos con el Estado.
Durante audiencias recientes, alrededor de 40 herederos de la familia Reyes, representados por Patricio Mañón y Julio César Ventura, hicieron lo mismo, solicitando además que se ordene el pago del 20 % pendiente a los propietarios.
Este jueves también presentaron su caso querellantes que carecen de títulos de propiedad.
El año pasado, estos individuos fueron denunciados como falsos querellantes por no tener sus derechos de propiedad registrados y por presentar poderes firmados por personas fallecidas hace años.
A estos desistimientos se suma la extinción de la acción penal interpuesta por más de 260 querellantes particulares, dictaminada por el Tribunal del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, debido a que sus acciones fueron «mal promovidas» al carecer de representación legal válida y de los poderes pertinentes.