En la República Dominicana, el criterio de oportunidad es una herramienta procesal que el Ministerio Público puede aplicar para evitar la persecución penal en algunos casos, según lo contemplado en los artículos 34 al 37 del Código Procesal Penal.
El caso más reciente se produjo la semana pasada, cuando el Tribunal Colegiado de Barahona homologó un acuerdo de criterio de oportunidad para una de las integrantes de una estructura criminal de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en 2023.
El tribunal validó la aplicación de este criterio con respecto a Yahaira Ferrera Báez, a quien impuso una multa de 200 salarios mínimos.
El grupo fue arrestado en flagrante delito tras un operativo el 10 de julio de 2023, en el que se ocuparon 245 paquetes con un peso de 254.080 kilogramos de cocaína clorhidratada.
A esta red se le vincula también con el decomiso de 14 pacas (446 paquetes) en Pedernales en 2013, y 285 paquetes de cocaína ocupados en la playa Caletón, de Barahona, en 2018.
Se estima que la estructura movió en el sistema financiero nacional más de RD1, 221millonesyUS96, 000.
El Ministerio Público ha utilizado de forma estratégica los criterios de oportunidad en expedientes de alto perfil como Odebrecht, Antipulpo, Calamar y Coral. Gracias a esta herramienta, los implicados han colaborado con las investigaciones, aportando información clave para avanzar en los casos contra exfuncionarios acusados de corrupción y lavado de activos.
Aunque el criterio de oportunidad no se aplica con gran frecuencia, su uso está justificado para descongestionar el sistema judicial y priorizar la persecución de delitos más graves.
La Procuraduría General de la República (PGR) no hace públicos de manera sistemática los datos sobre los casos en los que se aplica, por lo que la mayoría de los conocidos son aquellos que han tenido un gran impacto mediático.
Un ejemplo reciente y ampliamente publicitado fue el del cuñado del expresidente Danilo Medina, Maxy Gerardo Montilla Sierra, y un grupo de sus empresas. Ellos aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$3,000 millones a favor del Estado como resultado de la investigación del caso Antipulpo.
El acuerdo fue homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Casos notables con criterios de oportunidad
El criterio de oportunidad es una facultad legal del Ministerio Público para no ejercer la acción penal contra un imputado, a pesar de existir pruebas suficientes para un juicio.
Su aplicación no significa que el delito no ocurrió, sino que el Estado decide no perseguir una condena por considerar que, en el contexto específico del caso, la persecución no es la opción más beneficiosa para el interés público.
Caso Odebrecht: El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional homologó el acuerdo con la constructora brasileña, la cual se comprometió a retribuir US$184 millones al Estado por el pago de sobornos. Esto le permitió a Odebrecht evitar un juicio a cambio de entregar información sobre los funcionarios sobornados.
Caso Calamar: En este caso se aplicaron criterios de oportunidad a varios imputados que colaboraron con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Ramón Emilio Jiménez (Mimilo) devolvió RD715 millones y JoseˊArturoUren entregoˊRD500 millones. La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, homologó estos acuerdos.
Los principales acusados en este expediente son los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.
Caso Antipulpo: Aunque Francisco Pagán, Juan Esteban Suriel y Lewin Ariel Castillo no se beneficiaron de un criterio de oportunidad, sí llegaron a un acuerdo para un juicio penal abreviado y devolvieron bienes y dinero al Estado. En este mismo caso, Domingo Antonio Santiago Muñoz también llegó a un acuerdo de este tipo.
Caso Coral: El empresario César Félix Ramos Ovalles firmó un acuerdo de criterio de oportunidad y devolvió RD$18 millones que habría recibido a través de su empresa. La jueza Yanibel Rivas del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió la solicitud de la PEPCA, ya que se determinó que la empresa de Ramos Ovalles fue favorecida con licitaciones para vender combustible a Cestur, pero no entregaba el producto y devolvía el dinero a uno de los imputados.
Postura de las autoridades judiciales
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso ha expresado públicamente su apoyo a los acuerdos de criterio de oportunidad, considerándolos una herramienta esencial para combatir la corrupción y el crimen organizado.
Su postura se basa en que estos acuerdos permiten al Ministerio Público obtener información vital para desmantelar redes criminales y recuperar activos de manera más eficiente.
Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, también favorece este tipo de acuerdos para reducir la mora judicial y descongestionar los tribunales.
Para fortalecerlos, propuso consagrar en el Código Procesal Penal una oficina previa al juicio que facilite las negociaciones.
La homologación de un criterio de oportunidad por parte de un juez depende de que se cumplan varios requisitos clave establecidos en el Código Procesal Penal.
El juez debe verificar que el acuerdo respete la ley, que no se violen los derechos de la víctima y que el imputado haya colaborado de manera efectiva con la investigación.