“Cuando el crimen organizado domina las rutas del mar y del aire, no sólo trafica mercancía: corroe instituciones, compra voluntades y debilita la soberanía de los Estados. La seguridad es indivisible; o se protege en conjunto, o se pierde por partes”.
—Kofi Annan, ex secretario general de la Naciones Unidas—
En los asuntos de Estado hay señales que llegan en forma de estudios, crónicas o análisis extranjeros que, sin proponérselo, terminan funcionando como espejos para otros países. Conviene leerlos con serenidad, sobre todo cuando describen procesos que en su inicio parecieron manejables y, con el tiempo, se volvieron estructurales.
Un ensayo de la periodista Mary Beth Sheridan publicado en The New York Times este 6 de febrero de 2026, examina el caso mexicano con una frialdad que debería invitar a la reflexión regional. Su tesis central es sencilla e inquietante: combatir al narcotráfico es un asunto de fuerza pública y de disolver entramados políticos institucionales y locales que, si no se comprenden y atacan a tiempo, terminan entrelazándose con el propio Estado.
No se trata de trasladar realidades ni de exagerar paralelismos. Cada nación tiene su historia, su cultura institucional y sus propios equilibrios. Sin embargo, la experiencia comparada enseña que las democracias jóvenes o en consolidación deben vigilar con especial cuidado las zonas grises donde el poder local, la economía informal y las redes ilícitas empiezan a superponerse.
El deterioro nunca comienza de golpe; avanza por pequeñas tolerancias, silencios oportunistas y la creencia de que los problemas ajenos no cruzarán nuestras fronteras.
La autora recuerda que, en contextos donde el crimen organizado se incrusta en la dinámica partidaria, la respuesta estatal se convierte en un dilema político de gran costo. Desmontar esas redes puede implicar tensiones internas, fracturas de coaliciones y riesgos de inestabilidad.
Así surge la lección para países como el nuestro, que aún conserva márgenes de maniobra institucional. El reto es perseguir el delito visible y transformar la permeabilidad de las estructuras que lo hacen posible en muro de contención: transparencia en los gobiernos locales, profesionalización de las instituciones de seguridad nacional, independencia judicial y controles financieros efectivos. La fortaleza de un Estado se mide por su capacidad de reacción y de prevención.
La historia universal ofrece ejemplos suficientes. En la Italia de posguerra, la infiltración de la mafia en la política municipal obligó —décadas más tarde— a reformas profundas. En Colombia, el precio de enfrentar a los cárteles fue doloroso. En ambos casos, el consenso final fue el mismo: mientras más temprano se actúe con claridad institucional, menor será el costo humano y político en el futuro.
La República Dominicana ha avanzado en múltiples frentes: estabilidad macroeconómica, crecimiento sostenido y modernización de sectores clave. Ese progreso no debería generar complacencia. Las economías en expansión también atraen flujos ilícitos, y las sociedades abiertas requieren sistemas de control igualmente robustos. La prevención es un acto de responsabilidad con el porvenir.
Este no es un grito alarmista ni una acusación velada. Esuna invitación a observar con atención las experiencias ajenas para reforzar las propias defensas institucionales.
Los países que logran sostener su gobernabilidad son aquellos que entienden que la seguridad depende de sus estructuras políticas y administrativas.
Aún estamos a tiempo. Nuestro país dispone de capital humano, transición electoral y una sociedad que valora la estabilidad. Mantener esa ruta exige vigilancia serena, reformas constantes y voluntad de no permitir que las zonas grises se conviertan en estructuras permanentes.
Las advertencias más útiles son las que llegan antes de que el problema sea irreversible. Escucharlas es señal de madurez de Estado.