El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al intervenir en la primera reunión de la Movilización Global Progresista en abril, destacó la conexión entre la democracia y la dignidad material. Si los ciudadanos no creen que sus vidas mejorarán, la democracia seguirá siendo cuestionada por populistas y otros autoritarios que prometen falsamente que solo ellos pueden mejorar las condiciones de vida de la gente común.
Del mismo modo, existe una creciente conciencia sobre las desigualdades incorporadas en el orden internacional. Mientras quienes soportan los costos de las decisiones y acciones de otros no puedan influir en el sistema multilateral ni exigir responsabilidades a los actores más poderosos, el orden internacional seguirá siendo percibido como injusto y carente de legitimidad.
Afortunadamente, está cobrando impulso una reorganización del orden mundial. En mayo, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, presentó el informe Counting What Counts, que aborda un punto ciego de larga data en la medición del progreso. Aunque reconoció que el PIB sigue siendo un indicador importante, Guterres subrayó la necesidad de un sistema de medición más sofisticado y humano que “alinee conscientemente las métricas con nuestros verdaderos objetivos, y no con indicadores indirectos que oscurecen u ocultan los desafíos que enfrenta nuestro mundo”.
Sin embargo, algunos temen que los esfuerzos por diseñar un sistema multilateral en torno a la mayoría global terminen preservando la arquitectura existente, aunque con nuevos rostros al frente. Para evitar ese resultado, la comunidad internacional debe concentrarse en construir mecanismos vinculantes que otorguen a los países una mayor autonomía fiscal.
¿Cómo se vería esto en la práctica? Para empezar, un marco vinculante de las Naciones Unidas para la reestructuración de la deuda soberana trasladaría la elaboración de normas y la toma de decisiones de negociaciones a puerta cerrada a espacios donde todos los países tengan un lugar en la mesa. La arquitectura actual de la deuda obliga a países como Malawi a destinar el 43 % de sus ingresos al pago de intereses. Eso cambiaría si los países deudores tuvieran voz en las negociaciones.
A diferencia del Club de París, integrado por acreedores soberanos y al que China no pertenece, o del Marco Común del G20 para el Tratamiento de la Deuda, que se ha estancado porque la participación de los tenedores privados de bonos es voluntaria, un mecanismo de la ONU podría imponer normas que obliguen efectivamente a todos los acreedores a participar en un único proceso. Estas podrían incluir la suspensión automática de los pagos una vez iniciadas las negociaciones de reestructuración, pérdidas comparables entre acreedores públicos y privados y una evaluación independiente de la sostenibilidad de la deuda que considere el gasto de los países prestatarios en salud y clima como una obligación prioritaria, y no subordinada.
En materia tributaria, las negociaciones sobre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional representan una oportunidad importante para establecer reglas globales. (Aunque el Marco Inclusivo de la OCDE y el G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios avanzó en la adopción de un impuesto mínimo global para las empresas, posteriormente las multinacionales estadounidenses quedaron exentas).
Una convención ambiciosa establecería una tasa mínima efectiva del impuesto corporativo que contrarreste el traslado de beneficios y exigiría a todos los países el intercambio automático de información financiera.
La convención también debería establecer un impuesto coordinado sobre las grandes fortunas, como el que Brasil propuso durante su presidencia del G20 en 2024. Un gravamen anual del 2 % sobre el patrimonio de los multimillonarios del mundo recaudaría cientos de miles de millones de dólares para la inversión pública. Las herramientas existen; el problema es determinar quién tendría el control sobre ellas.
Por último, la comunidad internacional necesita un mecanismo permanente para evaluar la legitimidad de las obligaciones soberanas antes de que las poblaciones se vean obligadas a pagarlas. Cuando un fondo como el malasio 1MDB es saqueado por miles de millones de dólares con la ayuda de importantes bancos, que cobran comisiones exorbitantes por gestionar emisiones de bonos y luego se desentienden del asunto, quienes terminan asumiendo las pérdidas son los ciudadanos. Un proceso respaldado por la ONU para identificar y anular las deudas contraídas mediante fraude o en contra del interés público trasladaría el riesgo a donde realmente corresponde: a los prestamistas irresponsables, y no a las personas que fueron perjudicadas.
Nada de esto puede construirse de arriba hacia abajo. Los mismos gobiernos que defienden impuestos sobre la riqueza en los foros internacionales suelen imponer políticas de austeridad o evitar gravar a los más ricos en sus propios países, como ocurre en India, Brasil y Francia. Un nuevo orden internacional debe basarse en esfuerzos para cerrar esa brecha, lo que requiere gobiernos que actúen conforme a sus principios y ciudadanos que definan esas promesas y exijan a sus líderes que las cumplan.
Los movimientos sociales nacionales también obligan a los gobiernos a actuar de manera diferente en el escenario internacional, y los compromisos asumidos allí permanecen en el papel hasta que existen sectores de la sociedad capaces de hacerlos cumplir. Por ello, los ciudadanos deben organizarse simultáneamente en las capitales y en las salas de conferencias internacionales, porque un orden que les responda solo puede conquistarse en ambos frentes.
La trabajadora de limpieza que destina más de la mitad de su salario para llegar a su empleo, el agricultor que no puede permitirse comprar fertilizantes y la trabajadora de cuidados cuyo trabajo nunca se refleja en las cuentas nacionales están empezando a reconocer que sus problemas, aparentemente distintos, son síntomas de una misma falla estructural. El orden internacional ha terminado convirtiéndose en un sistema que obliga a la mayoría global a pagar por un conjunto de reglas que no escribió. Diseñar uno nuevo exige poner la pluma en sus manos.
La elección no es entre el viejo orden y el caos, sino entre un nuevo orden construido en torno a la mayoría global y otro que simplemente sustituya a unos dirigentes por otros ligeramente diferentes. Los movimientos ciudadanos no son un elemento periférico de este orden más equitativo; son su principal fuerza impulsora. Estos grupos comprenden la verdadera dinámica de la economía mundial. El desafío ahora es garantizar que quienes diseñan las nuevas instituciones internacionales también la comprendan.
Jenny Ricks es secretaria general de la Alianza para Combatir la Desigualdad (Fight Inequality Alliance).