Esta semana, el periódico Listín Diario informaba sobre la suspensión de la instalación de la planta de valorización de residuos en El Aguacate, distrito municipal La Cuaba.
Desde hacía meses, los comunitarios mantenían una resistencia pacífica, organizada, oponiéndose a su instalación.
Al margen de consideraciones técnicas, ambientales, viabilidad o pertinencia en torno al proyecto en particular, en él coinciden dos realidades contrapuestas. Por un lado, el mismo cumplía con los permisos ambientales; pero, frente a esta realidad técnica se encontraba la oposición de los comunitarios y la ausencia de lo que ha venido a denominarse como “licencia social”, que no es más que la aprobación por parte de una comunidad, para que en ella se realice o no determinada intervención.
Tomando en cuenta este último ejemplo de La Cuaba (pero también recordando posiciones similares realizadas en el pasado, en otros lugares), más que analizar la pertinencia de la instalación de la citada planta, corresponde utilizarla de ejemplo en tanto muestra de un todo mucho más amplio que no sólo se circunscribe a la República Dominicana, y que ha sido ampliamente descrito y reseñado en la prensa internacional en los últimos 50 años como el denominado efecto NIMBY (“Not In My Backyard”. “No en mi patio trasero”).
El acrónimo describe la situación en la cual una comunidad reconoce la necesidad de una intervención en tanto fin social, pero rechaza la realización en su zona. Es decir, se reconoce el bien común y el impacto social positivo de la intervención, pero se rechaza ser parte de esa solución, desviándola hacia otro lugar. Se acepta su beneficio general pero no se está dispuesto a pagar el coste particular para alcanzarlo.
En buen dominicano: todo el mundo exige (y merece) que le recojan la basura, pero nadie quiere tener un vertedero cerca. Aquí se abren muchas interrogantes y sería irresponsable exigir que una comunidad no ejerza el derecho a protestar firmemente frente a la instalación de estructuras de esta naturaleza. La discusión de fondo es abstracta y no vinculada al caso particular, sino a la generalidad de casos de cualquier industria.
La articulación social, el activismo, los medios de comunicación, las interconexiones, la Inteligencia Artificial, la capacidad de movilización ciudadana, etc., cada vez harán más posible (y visible) este tipo de actos, sobre todo en obras que puedan beneficiar al país en sentido general, pero representan algún perjuicio potencial que genera duda o rechazo en una comunidad en específico.
Urge pues, que el Estado priorice los instrumentos de planificación nacional y disponga esas ubicaciones potencialmente conflictivas, en lugares con poca afectación.
De igual forma, los residuos hay que recogerlos, manejarlos y disponerlos. No se puede tener lo mejor de los dos mundos. No podemos aspirar a vivir en la sociedad con el mayor nivel de consumo de la historia, y hacernos de cuenta que nada de eso tendrá un costo y que alguien tiene que pagarlo. La pregunta es, ¿quién?