El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd), hizo un llamado a la DGII a actuar con prudencia, sensibilidad y sentido de proporcionalidad, absteniéndose de imponer multas y sanciones a los colmados, micro y pequeñas empresas que no hayan logrado incorporarse al sistema de facturación electrónica dentro de los plazos establecidos.
Su presidente, Antonio Cruz Rojas, destacó que esta situación afectará a los colmaderos, emprendedores y pequeños negocios de las comunidades rurales, donde persisten importantes limitaciones tecnológicas, económicas, de conectividad y de capacitación.
Cruz Rojas expresó que, si bien se reconocen los esfuerzos realizados por la DGII, incluyendo la puesta a disposición de un facturador electrónico gratuito, las herramientas y medidas implementadas han resultado insuficientes para atender las dificultades que enfrentan miles de pequeños comerciantes en todo el territorio nacional.
Consideró excesivo pretender implementar una transformación de esta magnitud en plazos tan reducidos, cuando la experiencia internacional demuestra que la adopción generalizada de la facturación electrónica requiere procesos graduales de adaptación que, en algunos países, se han extendido durante varios años.
“No podemos colocar a miles de pequeños comerciantes en un estado de incertidumbre, bajo la amenaza de sanciones económicas, cuando sabemos que muchos todavía enfrentan dificultades reales para cumplir. El Estado no puede exigir una transformación digital sin garantizar primero las condiciones necesarias para que todos puedan incorporarse”, manifestó Cruz Rojas.
Además, solicitó a las autoridades reconsiderar los plazos de implementación, promover las medidas necesarias para otorgar prórrogas razonables y establecer un período de acompañamiento y orientación, libre de sanciones, que permita a las micro y pequeñas empresas completar su transición.
No habrá prórroga
El plazo para acogerse a la facturación electrónica, un mandato de la Ley 32-23, venció ayer y la Dirección General de Impuestos Internos reiteró que no existe posibilidad de que se otorgue una prorroga indicando que la propia normativa lo prohíbe, por lo que las y los contribuyentes que no lograron hacer el proceso tendrán que pagar una sanción de 5 a 30 salarios mínimos.
Miles de solicitudes recibió la DGII durante el fin de semana, luego de que la institución anunciara que laboraría en horario extendido ofreciendo acompañamiento a los contribuyentes hasta la 1:00 de la tarde vía telefónica y de manera virtual hasta las 12:00 de la medianoche.
Los últimos datos dados a conocer referían que al cierre del pasado viernes más de 144,000 contribuyentes operaban ya bajo la modalidad de facturación electrónica, y que cerca del 50% de las empresas pequeñas, micro y no clasificadas aún permanecía sin iniciar el proceso a pesar de todas las facilidades ofrecidas.
La ley que se promulgó el 16 de mayo del 2023, otorgó a un plazo de 12 meses para los grandes contribuyentes nacionales (hasta mayo 2024; igual dio 24 meses a grandes y medianos a nivel local (hasta mayo 2025); y 36 meses a los pequeños, micro y no clasificados (hasta mayo 2026), y se aprobó una extensión de seis meses.
Incentivos
La Ley 32-23, que crea el Sistema Fiscal de Facturación Electrónica, otorga un incentivo fiscal en forma de certificado de crédito fiscal a quienes adoptaran la facturación electrónica voluntariamente antes de los plazos obligatorios. Los montos van de RD$2 millones paragrandes empresas hasta 25,000 para micro.
Consecuencias
A partir de hoy, las y los contribuyentes que no hayan completado su integración al sistema de facturación electrónica tras el vencimiento de la prórroga legal enfrentarán sanciones económicas de hasta 30 salarios mínimos.
La normativa faculta a la entidad recaudadora a aplicar medidas adicionales, tales como la suspensión de concesiones, privilegios o la clausura temporal de establecimientos comerciales en casos de reincidencia o incumplimiento grave.
Quienes permanezcan fuera del sistema digital perderán la capacidad de emitir comprobantes tradicionales con valor de crédito fiscal, afectando sus operaciones comerciales con otras empresas o instituciones.