La Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) mostraron preocupación ante la gran cantidad de audiencias que son reenviadas en los tribunales del Distrito Nacional y de la Provincia de Santo Domingo.
Rodolfo Valentín Santos, de la Defensa Pública, y Trajano Vidal Potentini, del Colegio de Abogados, expresaron que la Procuraduría General de la República, a través de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales debe buscar una solución para evitar los aplazamientos por falta de los traslados de los privados de libertad.
Los reenvíos se producen por la falta de los traslados de los privados de libertad del penal de La Victoria que fueron enviados a otros recintos carcelarios, tras el incendio del 18 de marzo en las áreas de esa cárcel que fueron afectadas por el siniestro.
Valentín Santos dijo que había advertido en una ocasión que los traslados de los internos a diferentes recintos penitenciarios, sin ningún control y protocolo, iban a ocasionar los reenvíos de las audiencias en los tribunales de esas jurisdicciones. Manifestó que las audiencias son aplazadas por los tribunales debido a que no se sabe adónde pedir los imputados para que sean trasladados a sus respectivas audiencias.
Sostuvo que los traslados de los presos a los diferentes centros penitenciarios del país debieron ser notificados inmediatamente a los tribunales o al Poder Judicial a fin de que el esfuerzo para completar una audiencia no se obstruya.
Explicó que tiene un costo alto, citar a testigos, a las víctimas, hacer los roles de audiencia y completar los expedientes, así como el traslado de los internos, de los abogados y de los fiscales a las salas de audiencias.
Abogados
Mientras que Vidal Potentini dijo que es de gran preocupación la tardanza que genera la descoordinación por parte de Procuraduría, a través del sistema penitenciario, ya que eso trae consigo que esos procesos judiciales puedan ser afectados por una prescripción.
“Esto puede traer como consecuencia que las audiencias sin una justificación pueda ser afectadas por una prescripción y la duración máxima de un proceso es de cuatro años y eso deberá caer en beneficios de los reos porque es por falta ajena a su voluntad”, adujo el jurista.
A su juicio, debe haber una coordinación efectiva para los traslados de los privados de libertad a las cárceles para que esos aplazamientos por falta de traslados de internos no se sigan produciendo.
“Debe incluirse la logística para equilibrar en el menor tiempo posible esa realidad que se está viviendo”, expresó el jurista.
A su juicio, “las autoridades deben buscar de urgencia los correctivos para buscarle la solución a los traslados, tanto del nuevo modelo como del tradicional”, enfatizó, al tiempo que pidió que se tiene que hacer una reforma en el sistema penitenciario para que haya un solo sistema que es el nuevo modelo penitenciario.
Al menos 1,800 presos del penal de La Victoria fueron trasladados por disposición de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, a las cárceles de El Pinito, de La Vega; Vista al Valle, de San Francisco de Macorís; Anamuya, de Higüey; Cucama, de La Romana; San Pedro de Macorís, Haras Nacionales, Elías Piña, Batey Bienvenido 36, entre otros recintos.
Sobre la orden de no traslado de presos a la Victoria
Sobre la instrucción de la procuradora Germán Brito de no trasladar a la cárcel de La Victoria a nuevos presos, Valentín Santos respondió que eso no resuelve el problema de hacinamiento que allí impera.
Sostuvo que lo que debe instruir la procuradora a los fiscales es que no pidan a los jueces tanta prisión preventiva y que no judicialicen todos los casos, señalando que es urgente autorizar la demolición de la edificación de la penitenciaría de La Victoria.
Consideró que están pasando paños tibios a una situación que es más grave de lo que se piensa, ya que son seres humanos que viven como animales en las cárceles de República Dominicana, lo que a su juicio no puede seguir pasando.