Un examen de las actividades económicas revela que una gran parte de ellas tiene alguna clase de consecuencia perjudicial que no se registra dentro de sus propios costos. Son efectos que recaen sobre la colectividad en la que operan, incluyendo en sentido amplio a la población, los recursos productivos y las demás actividades. Se les conoce como externalidades, nombre derivado de su condición de ser originados por causas que no emanan de los afectados, ni se encuentran dentro de su esfera de control.
Los economistas suelen recomendar medidas, vía impuestos, sanciones y otros mecanismos, para resarcir los daños y hacer que los costos muestren su dimensión real.
Es de suponer que los ingresos resultantes de la aplicación de esas medidas se utilicen para compensar a los perjudicados, sea directamente por la vía de pagos a su favor, o por medio de disposiciones que moderen los efectos.
Por supuesto, es posible también que una actividad económica genere efectos externos favorables a terceros, que no aparecen como parte de las ganancias. Pero dado que los beneficiados no han participado en las decisiones de la actividad económica involucrada, ni van a protestar por obtener algún tipo de ganancia, es menos frecuente proponer medidas para que dichos beneficiados asuman la responsabilidad de realizar una compensación por esas buenas consecuencias.
Hasta ese punto, en cuanto a los perjuicios, la teoría de la compensación luce lógica y apropiada. La dificultad se presenta al momento de estimar los costos no registrados. En ciertos casos, ellos son muy evidentes y fáciles de calcular, como puede ser para la recogida y procesamiento de basura y desechos, o en cuanto a la pérdida de valor de propiedades aledañas. Pero la mayoría no lo es, incluyendo el efecto de los ruidos, los congestionamientos del tránsito, la contaminación atmosférica, el deterioro del suelo, el uso de agentes químicos o la disminución de las fuentes de agua.
Si los costos se subestiman, la compensación será sólo parcial, y los responsables preferirán pagar que corregir las causas de los perjuicios. En ese caso, los daños seguirán acumulándose sin que se disponga de los medios para enmendarlos. Pero si los perjuicios se sobreestiman, los costos de la actividad subirán por encima de su valor real y los responsables preferirán corregirlos y no pagar por ellos, pero para lograrlo tendrían que llevar sus precios de venta a niveles innecesariamente elevados, disminuyendo el volumen de sus operaciones, haciéndose vulnerables a la competencia de artículos importados o sustitutos, y lesionando su aporte al PIB y a la oferta de empleos.