La Fiscalía del Distrito Nacional avanza en la investigación de la querella presentada por tres periodistas y una productora de televisión contra cuatro comunicadores, por presunta difamación e injuria en medios digitales.
Según informó una fuente ligada a la pesquisa, el Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía inició la investigación tan pronto recibió la denuncia de los comunicadores.
Asimismo, trascendió que la Dirección de Inteligencia Delictual de la Policía Nacional (Dintel) realiza un peritaje sobre los videos donde se habría producido la difamación e injuria. Se espera el informe de este peritaje.
La querella fue interpuesta por los periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez, a través de sus abogados Edwin Acosta, Patricia Santana Nina, Dangela Ramírez Guzmán y Carlos Alberto Polanco Rodríguez.
Los comunicadores querellados son Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández, quienes ejercen su oficio en redes sociales y medios digitales.
A Arrendel, De la Cruz, Casals y Jiménez se les atribuye la difusión reiterada de señalamientos difamatorios e injuriosos.
Las expresiones, según la querella, han traspasado los límites del ejercicio legítimo de la libertad de expresión para convertirse en ataques personales con graves consecuencias reputacionales.
El documento señala que, aunque cada querella responde a circunstancias particulares, todas coinciden en un mismo propósito: «sanear el espacio público, promover un debate respetuoso y aportar a una cultura democrática donde las diferencias se tramiten con argumentos, no con agravios».
Los querellantes reiteraron su compromiso con el Estado de derecho y el uso correcto de los mecanismos institucionales para dirimir conflictos. «No puede confundirse la libertad con la impunidad», expresaron en su comunicado, enviado a esta redacción.
Los abogados aseguran que estas acciones no buscan limitar el debate público ni restringir la crítica, sino proteger a la ciudadanía frente al uso abusivo de plataformas comunicacionales para difamar, injuriar y desinformar sin fundamento, afectando el honor y la dignidad de personas que ejercen funciones públicas.