En el acta de entrega voluntaria que ha aportado el Ministerio Público el 14 de noviembre a las 12:20 de la tarde; 2 horas antes de que se hiciera el levantamiento del cadáver, Ramón Domingo Tejada le entregó al segundo teniente Rodríguez Almonte y, de acuerdo al administrador de la hacienda Los Caballos, a la magistrada Cristina Ramírez y al general Juan Bautista Jiménez, director Cibao Central de la Policía Nacional, un DVR de 22 canales (cámaras), de las cuáles sólo se extrajeron 3 cortes de videos.
El pasado jueves 4, el Ministerio Público comunica a los abogados de la víctima que solo habían dos videos, el último que se extrajo de acuerdo al acta de entrega voluntaria no se sabe qué pasó con él, ya que a la familia solo se le entregaron dos videos que contienen fragmentos de lo ocurrido; y los magistrados encargados del caso le han planteado que el resto de los videos ya no está.
El DVR que fue entregado el 14 de noviembre, el pasado jueves 4 de diciembre fue inspeccionado por el magistrado Wilson Camacho en la Hacienda los Caballos donde estaba, lo que hace preguntarse: ¿Por qué fue devuelto si no se ha concluido la investigación?
La madre de Stephora y sus abogados han señalado a la magistrada Cristina Ramírez como la fiscal del Departamento de Homicidios que no quiso recibirle la denuncia. Además, plantean que ella tuvo un trato negligente desde el principio.
“Yo fui el lunes a la fiscalía, ella me dijo vuelve el viernes, yo volví y aún nada”, cuenta Lovelie Ralphael Joseph, madre de Stephora. La magistrada Cristina Ramírez es quien, de acuerdo a los familiares de Vladi Valerio, el peluquero muerto junto a otras 5 personas en La Barranquita a manos de la Policía, también se llevó los videos que nunca aparecieron; pero a pesar de la doble falta el Ministerio Público aún ha dispuesto ninguna medida disciplinaria.
La magistrada Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), aseguró ayer que el Ministerio Público no está conforme con la decisión del tribunal, en contra de cuatro imputados en la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, por lo que interpondrán un recurso de apelación.
El Tribunal dictó ayer garantía económica de 500 mil pesos y presentación periódica como medidas de coerción, contra a Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del Leonardo Da Vinci; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
En tanto que, Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo; fue dejada en libertad pura y simple, debido a que el tribunal entendió que no se depositó ninguna prueba que conectara a González con los hechos.
Además, debido a que los arraigos presentados, que incluyen que el hecho de que esta no estuvo presente en la hacienda al momento del deceso de Stephora, la impedían colocarle una medida de coerción, según explicó su defensa, la abogada María del Pilar Zuleta.
Asimismo, los abogados de la familia de Stephora, manifestaron no estar de acuerdo con la decisión del tribunal; sin embargo, establecen que la respetan, ya que la jueza entendió que los verdaderos responsables no fueron incluidos por el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción.
Hay que referir que la primera audiencia, consignada el pasado martes 9 de diciembre, fue aplazada por el tribunal para que los abogados de la víctima pudieran hacer el depósito de unos documentos necesarios para preparar su defensa, según la magistrada Olga Diná.
En tanto, que los abogados de la familia de Stephora indicaron que esta primera audiencia fue pospuesta con el fin de que se notificara formalmente a la madre de la menor para asistir, y también para que la defensa pudiera conocer el expediente que les fue entregado el pasado lunes 8, pasadas las 4:00 de la tarde.
El Ministerio Público las imputa bajo la calificación jurídica de homicidio involuntario y negligencia.
La magistrada Diná Llaverías aseguró que el Ministerio Público está enfocado en una investigación responsable con sanciones contundentes, en el caso de la muerte de Stephora Ann-Marcie Joseph el pasado 14 de noviembre.
“Estamos enfocados en que los responsables de este homicidio involuntario reciban una sanción responsable y contundente”, dijo Diná Llaverías.
Homicidio involuntario
Calificación.
Mientras tanto, el Ministerio Público las imputa bajo la calificación jurídica de homicidio involuntario y negligencia.