República Dominicana se encuentra en un punto clave para replantear cómo el Estado responde ante los niños, niñas y adolescentes que entran en conflicto con la ley penal.
Aunque existe un marco legal reconocido como uno de los más completos de la región, la realidad es otra: vacíos estructurales, culturales y operativos que aún ponen a prueba a las instituciones que trabajan con menores vinculados a procesos judiciales.
En ese criterio coincidieron el encargado de la División de Protección y Restitución de Derechos del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (Conani), Felin Hernández, y el coordinador de la Oficina de Control del Servicio de la Defensa Pública, Guillermo Camilo.
Lo hicieron durante una nueva edición del “Panel de Expertos”, organizado por Listín Diario, donde analizaron el fenómeno de los menores de edad en conflictos con la ley y abordaron la urgencia de reformar la 136-03 o Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Según Hernández, el país muestra avances en el ámbito legal desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño.
La Ley 136-03 es considerada una de las normativas más robustas en la región para la protección de la niñez. Sin embargo, ese avance no se ha reflejado en un cambio cultural ni en la aplicación del modelo de protección integral que plantea la ley.
«Nosotros a nivel legal hemos dado ese salto importante como sociedad. Pero no hemos dado el salto de transformación cultural del cambio de modelo», señaló.
«Hemos cambiado la normativa, pero a nivel interno como sociedad, y muchos de los actores inclusive que gestionamos la cuestión de los niños y niñas y adolescentes, no hemos hecho ese cambio estructural de ese modelo tradicional que la ley inclusive así mismo lo identifica», agregó.
Para él, el país sigue operando con ambigüedades de un esquema correccional y tutelar, contrario a lo que establece el enfoque de protección de derechos que debe guiar la política pública.
Uno de los principales problemas, explicó, es que los niños en conflicto con la ley penal y quienes están en situación de calle o expuestos a factores de riesgo, muchas veces terminan en los mismos espacios de acogida.
Conani cuenta con hogares de paso para protección, pero estos no fueron diseñados para recibir a niños con procesos judiciales abiertos.
Aun así, la ley permite que un juez envíe a un menor acusado de un delito a esos centros, creando una contradicción normativa y operativa.
«Tenemos hogares que no deberíamos tener, solamente tenemos hogares diferenciados para los niños y niñas y adolescentes que son víctimas de trata y explotación sexual comercial», dijo.
«Pero la ley contempla dentro de las decisiones que puede tener el juez mandar para Conani un niño que puede estar en conflicto, que es una gran contradicción que tiene la ley porque no es que no es legal, pero a nosotros como sistema nos reta por los perfiles con los que trabajamos usualmente en la institución», indicó.
Actualmente, Conani mantiene más de 530 niños y adolescentes en hogares de paso de manera simultánea, cifra que supera los 2,000 si se suman los que están bajo el cuidado de asociaciones sin fines de lucro con las que la entidad trabaja.
Cada caso requiere un seguimiento especializado y, según Hernández, la estadía promedio estimada es de seis meses, aunque puede extenderse indefinidamente si no existe un referente familiar para la reintegración.
A esto se suma que el país carece de centros residenciales especializados para tratar la drogodependencia en menores.
Los casos con consumo problemático son enviados al Servicio Nacional de Salud (SNS) para intervenciones ambulatorias o manejo clínico de crisis, pero no existe un esquema integral de rehabilitación residencial.
«Como Estado tenemos muchos vacíos. La Procuraduría tiene el Cainaps, que es un centro especializado para niños en conflicto, en drogodependencia, pero la modalidad que tiene no es residencial, es ambulatoria», afirmó.
«El tratamiento que se le da no es que yo pueda colocar al niño en un espacio de atención residencial para el tratamiento. Nosotros no tenemos centros especializados para trabajar niños en condiciones de drogodependencia», añadió.
Hernández también planteó una preocupación adicional: el periodo entre la intervención inicial y la llegada del caso a los tribunales.
Durante ese tiempo, los menores requerirían espacios temporales adecuados que todavía no existen.
Como alternativa, sugiere que los centros donde actualmente se reciben a adultos puedan habilitar áreas específicas para menores, respetando los estándares internacionales y separaciones necesarias.
Esa adecuación, dijo, reduciría el riesgo de que los adolescentes sean colocados en espacios que no son idóneos mientras se define su situación legal o social.
En medio de este panorama, el país se encuentra en proceso de revisión y reforma de la Ley 136-03.
Conani participa en una comisión de alto nivel que ya elaboró un diagnóstico con los principales puntos débiles de esa norma.
Aunque la ley lleva más de dos décadas en funcionamiento, solo ha sido modificada en dos ocasiones: en 2007 y 2013.
«Tiene muchas ambigüedades sobre los roles institucionales en el marco normativo. No le da claridad funcional a muchas instituciones clave para el trabajo con los niños y los niños dentro del diagnóstico», dijo Hernández.
Actualmente el proceso se encuentra en la etapa de evaluación técnica, con equipos trabajando por capítulos o “libros” según el perfil de cada institución relacionada con la niñez.
Justicia terapéutica y restaurativa
Guillermo Camilo, de la Defensa Pública, subrayó que la reforma debe incorporar modelos como la justicia terapéutica y la justicia restaurativa para los adolescentes que cometen delitos.
A su juicio, la justicia penal juvenil debe dejar atrás la mirada punitiva y apostar por procesos que rehabiliten y reintegren al menor.
«Terapéutica, porque esos adolescentes y esos niños también que están en consumo en sustancia controlada deben tener un sistema terapéutico que los lleve a mejorar, a tratar ese comportamiento», explicó.
«Justicias restaurativas, porque es la justicia que responsabiliza al adolescente, hace que asuma esos hechos que cometió, hace que se repare el daño a la víctima y a la sociedad que participe de la comunidad, que la víctima tenga un papel activo dentro de dentro de ese arreglo y que el adolescente, al asumir esa responsabilidad, pueda rehabilitar y volver a su familia porque involucra a su familia», precisó.
Para Camilo, este modelo no solo ayuda al menor que cometió un hecho punible, sino también a la sociedad al reducir reincidencia y promover soluciones donde las víctimas participan activamente.
Ambos especialistas coinciden en que el país tiene las bases legales para proteger a la niñez, pero necesita cerrar brechas urgentes en infraestructura, especialización de personal, coordinación institucional y adaptación cultural.
En el panel también participaron el experto en régimen penitenciario, Roberto Santana; el psicólogo Luis Vergés; el general José Santana, director de la Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescente; la técnica del Departamento de Riesgos Sicosociales del Ministerio de Educación, Kastiuka Santana; y la psicóloga policial, Rumilda Belliard.