Decir que existen “Paralelismos inquietantes” entre SENASA y BANINTER (Listín diario 17.09.2025) no es apelar al caos o augurar consecuencias inflacionarias/cambiarias como en el pasado, ni mucho menos especular en torno a la posibilidad de que el fraude en SENASA tenga los mismos efectos económicos (y políticos) que el fraude de BANINTER, porque sencillamente, no son comparables.
Si bien ambos fraudes se correlacionan en términos de los miles de millones envueltos, la mecánica delictual opera de manera diferente en cuanto al origen de los recursos. En el caso BANINTER los fondos provenían de ahorros de terceros y el Estado tenía la obligación de devolverlos hasta un monto (aunque finalmente decidiera hacerlo en su totalidad). En el caso SENASA, los fondos distraídos mediante prácticas de corrupción, se lograban de diferentes maneras, todas en perjuicio de la institución, el Estado dominicano, y, en última instancia, la salud de los afiliados.
Más que el morbo alimentado por los detalles delincuenciales, el estilo de vida pomposo y desfachatado de los involucrados, la legítima indignación ciudadana de saber que todo el fraude en SENASA se hizo en perjuicio de la salud de los afiliados y en detrimento de la calidad y alcance de los servicios, lo que debe llamar a una urgente reflexión, es ¿cómo los sistemas de seguridad, seguimiento y control fallaron?
La quiebra de BANINTER fue posible porque los marcos regulatorios y normativos no se ajustaban a las realidades del momento y porque la supervisión y fiscalización por parte del ente responsable, fue insuficiente. Tras la misma, todo el despliegue reglamentario de la ley monetaria y financiera y leyes accesorias, fortalecieron y mejoraron el sistema en su conjunto. A nivel de controles internos, ¿qué fallo en SENASA?, ¿cómo la SISARIL no pudo percatarse de unas maniobras de maquillaje financiero y doble contabilidad (al igual que BANINTER) que comenzaron hace cinco años?
La pregunta, más que desde la recriminación, se hace en función de afirmar que tenemos que mejorar –a nivel de sistema–, procesos, automatización, protocolos, sistemas cruzados de monitoreo en tiempo real, supervisión y vigilancia, etc.; de manera que, a futuro, puedan evitarse comportamientos similares.
Aún sin acusación, juicio y sentencia, el gran aprendizaje es que hay que fortalecer esas capacidades en todas las instituciones del Estado que cumplen labores de supervisión en diferentes ámbitos, sectores y funciones. Si pasó en SENASA, ¿en dónde más puede pasar?, ¿en cuáles sectores?
Más allá del sector salud, pudieran ocurrir vulneraciones a otras leyes y normas por parte de agentes regulados, no necesariamente por negligencia del ente supervisor o componendas corruptas, sino también por limitaciones materiales, tecnológicas, de proceso, competencias, vacíos legislativos, recursos humanos poco capacitados, etc.
El Estado debe hacer esa autocrítica, y, desde arriba hacia abajo se debe ejecutar un programa de revisión integral de los mecanismos de control, procesos internos y mejora de las capacidades de todos los entes reguladores, supervisores y fiscalizadores.
Parafraseando al Dalai Lama, si no hacemos eso, habremos perdido lo más importante: la lección.