Entre tú y yo, en la República Dominicana hay una escena que se repite todos los días, a cualquier hora y en cualquier esquina.
Motoristas cruzando en rojo. Circulando en vía contraria. Subiéndose a las aceras. Rebasando por la derecha. Y, en muchos casos, actuando con una agresividad que intimida al ciudadano común.
Pero la situación ha escalado.
Ya no es solo imprudencia. En muchos casos, es confrontación directa.
Conductores que reclaman una violación de tránsito y terminan siendo rodeados, insultados o agredidos. Vehículos con vidrios rotos en medio de discusiones que nunca debieron ocurrir. Ciudadanos que optan por callar para evitar un problema mayor.
Y en ocasiones, el desenlace es aún más grave.
Hace apenas unos días, en Santiago de los Caballeros, un grupo de motoconchistas persiguió y agredió al chofer de un camión recolector de basura, hasta propinarle una puñalada que le costó la vida.
No es un hecho aislado. Es una señal.
Lo más grave no es que ocurra. Lo más grave es que sucede a la vista de la DIGESETT y de la Policía Nacional sin consecuencias.
Y cuando la ley se viola sin consecuencias, deja de ser ley. Se convierte en sugerencia.
Aquí no estamos ante un problema de tránsito. Estamos ante un problema de autoridad.
Porque cuando la ley no se impone, lo que se impone es la fuerza.
Porque cuando miles de conductores saben que pueden violar las normas sin que pase nada, lo que realmente se instala es una cultura peligrosa: la de que el orden es opcional.
Y esa cultura no se queda en las calles. Se extiende a todo: al respeto, a la convivencia, a la forma en que nos tratamos como sociedad.
Y no es un fenómeno exclusivo de los motoristas.
También lo vemos en el transporte público.
Guagüeros que se detienen donde quieren, que recogen y dejan pasajeros en cualquier punto, que compiten entre sí de forma temeraria y que violan señales de tránsito sin el menor reparo.
El mensaje es el mismo: aquí nadie controla.
Y lo más revelador es que este silencio no es exclusivo de un solo sector.
Mientras el problema crece, los principales actores políticos —tanto desde el gobierno como desde la oposición— evitan enfrentarlo con firmeza.
La razón es conocida: son votos.
Y cuando un problema representa votos, deja de ser prioridad y pasa a ser un riesgo político.
Pero aquí es donde el análisis se queda corto.
Porque el costo de no actuar también es político, y es mucho más alto de lo que parece.
Cada imprudencia que se permite es un accidente potencial. Cada violación tolerada es una vida en riesgo. Cada día sin control acumula más desorden.
Y ese desorden lo paga todo el país: en vidas humanas, en hospitales llenos, en caos vial, en inseguridad y en una creciente sensación de que nadie está al mando.
Entonces la pregunta es inevitable:
¿Recuperamos las calles… o conservamos los votos?
Porque el ciudadano que trabaja, que respeta las normas, que paga impuestos y que quiere orden también vota.
Y ese ciudadano está cansado.
Cansado de esquivar motores en las aceras. Cansado de detenerse en rojo mientras otros no lo hacen. Cansado de sentir que cumplir la ley es, en este país, una desventaja.
La solución no está en perseguir ni en improvisar operativos ocasionales.
La solución está en algo más simple, pero más difícil: hacer que la ley se cumpla. Siempre.
Con presencia real en las calles. Con sanciones que se apliquen. Con un sistema que registre, identifique y obligue a cumplir.
Sin excepciones. Sin cálculos. Sin miedo.
Porque un país no puede organizarse a medias.
O se aplica la ley… o se negocia el desorden.
Y cuando el desorden se negocia por votos, tarde o temprano termina gobernando.
Y cuando el desorden gobierna, ya no se pierden las calles… se pierde el país.
joaquinjoga@gmail.com