En la República de la Impunidad Dominicana, hablamos de cumplir la ley como una aspiración, como una acción que pertenece al reino de lo quimérico. Uno de los rasgos del homo dominicanensis es su permanente vocación de saltarse las normas. Por eso nos colamos en las filas, llamamos al amigo médico para que salte el listado del orden de llegada en la consulta, nos robamos el semáforo si nadie nos ve, etc.
Violar la ley puede hacerse de muchas maneras. Los políticos gustan del “bajadero”, que no es más que un tecnicismo construido ex profeso. Otra manera es ignorarla olímpicamente, como en tiempos de la colonia… cuando las leyes se acataban, pero no se cumplían.
Aun así, siempre existió el sustrato de la culpa, siempre en el ethos social se mantuvo la conciencia de qué era legal y qué no, al punto de que cuando se incumplía una norma, se hacía con conocimiento de que podría generar consecuencias desfavorables en caso de que fuera descubierta, o que el infractor fuera atrapado infraganti.
Uno de los aspectos más preocupantes de la descomposición social y moral que vivimos, es el quiebre del sistema de culpas y la pérdida del sentido de consecuencia que ha generado esta impunidad estructural promovida, incentivada y protegida por los políticos y las élites. Mientras la pirámide social era un triángulo isósceles, pocas personas dirigían la sociedad y podían romper las reglas sin que los demás lo percibieran. Con la ampliación equilátera de su base, la voluntad de violar la ley no sólo se ha democratizado, peor aún, se ha normalizado.
Por eso, resulta difícil enfrentar el dilema de los motoristas sólo desde una perspectiva legal punitiva de (aparentemente) imposible aplicación. Por eso, la autoridad del tránsito no puede fiscalizar el cumplimiento del uso obligatorio de casco protector por parte de ciclistas, conductores de motocicletas y sus pasajeros ( art 157 y 251, Ley 63-17). Porque se trata de cambiar una práctica arraigada, que se sustenta en una cultura que es parte de una idiosincrasia. Si para domar a un burro terco hace falta “palo y zanahoria”, para hacer que los motoristas usen el casco hará falta algo más que exigir cumplir la ley.
Haría falta educación –primeramente–, pero quizás, “incentivos” o “facilidades”. Modificar la ley y exigir a los importadores de motores que por cada motor que importen traigan dos cascos, podría ser una opción. Siempre y cuando el precio final incorpore el costo de los cascos.
Otra posibilidad sería que el gobierno, que tanto gusta de los bonos, se invente un “Bono Casco” y reparta 3.9 millones de unidades aprobadas por el INTRANT (RD3,500 aprox. c/u), para un total de RD13,650 millones.
¿Absurdo? ¿Ridículo? ¿Locura? Frente a los miles de millones en costos de hospitalización por traumas craneales, miles de vidas perdidas, familias y economías destruidas, etc., “barato me lo jayo”.