El conflicto judicial que puso fin al proyecto del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) trascendió los tribunales para convertirse en objeto de estudio académico. Esa experiencia quedó recogida en Análisis doctrinal de la solución jurisprudencial de un conflicto aeroportuario, una obra que sostiene que no existe un modelo único de gestión aeroportuaria y que el verdadero factor decisivo es el respeto a la legalidad, el interés público y la seguridad operacional.
El libro examina el litigio entre el Consejo de Defensa del AIB y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), considerado uno de los casos administrativos más relevantes del sector aeronáutico dominicano y una referencia para el estudio del derecho de las infraestructuras y la buena administración pública.
La publicación fue presentada por Diego González, presidente de la Asociación Mundial de Derecho Aeroportuario (WALA), y Jaime Rodríguez-Arana, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Reúne las principales sentencias del caso y estudios de Rafael Dickson Morales, Carlos González y Javier Barnes, con prólogo del jurista brasileño Augusto Neves dal Pozo.
La controversia comenzó en 2020, cuando el proyecto recibió autorizaciones para iniciar su desarrollo. Posteriormente, el IDAC promovió la declaración de lesividad de esos actos administrativos al considerar que el procedimiento presentaba irregularidades y que la competencia para autorizar un nuevo aeropuerto correspondía al organismo aeronáutico.
Tras varios años de litigio, el Tribunal Constitucional consolidó en 2025 la legalidad de las actuaciones administrativas que impidieron la ejecución del proyecto, convirtiendo el caso en un precedente de estudio para la doctrina jurídica, según una nota de prensa.
González afirmó que uno de los principales aportes del libro consiste en desmontar la idea de que exista una fórmula ideal para administrar aeropuertos.
“La discusión no debe ser quién es el propietario del aeropuerto, sino cómo se administra”, señaló, al explicar que tanto los modelos públicos como los privados pueden resultar exitosos siempre que operen dentro del marco legal y garanticen seguridad, eficiencia y calidad del servicio.
Rodríguez-Arana sostuvo que un aeropuerto constituye “un libro abierto de derecho público y privado”, por la convergencia de normas sobre contratos, migración, sanidad, servicios públicos y regulación económica. Añadió que estas infraestructuras deben analizarse desde el derecho de las infraestructuras, sustentado en principios como la planificación estratégica, la responsabilidad y la buena administración.