Entre tú y yo, hacer cumplir la ley es una obligación del Estado. Pero cuando su aplicación puede comprometer actividades esenciales de la economía, existe otra responsabilidad igualmente importante: anticipar las consecuencias y ofrecer soluciones.
La Dirección General de Migración anunció inspecciones en fincas agrícolas y obras de construcción, advirtiendo sobre posibles sometimientos judiciales contra empresarios que contraten trabajadores extranjeros en condición migratoria irregular.
La medida plantea una pregunta que merece respuesta: ¿quién realizará los trabajos que hoy dependen de esa mano de obra?
Durante décadas, importantes actividades agrícolas y de construcción han descansado parcialmente en trabajadores haitianos. Es una realidad conocida por empresarios, autoridades y ciudadanos. Sin embargo, hemos permitido que esa dependencia se consolide sin desarrollar mecanismos suficientemente eficaces para administrarla dentro de la legalidad.
Ahora pretendemos enfrentar las consecuencias de años de improvisación mediante inspecciones y sanciones.
Nadie debería interpretar estas reflexiones como una defensa de la inmigración irregular. El Estado tiene la obligación de controlar sus fronteras, hacer respetar las leyes y exigir responsabilidades a quienes las incumplan.
Pero gobernar no consiste solamente en ejercer autoridad. También significa prever las consecuencias de las decisiones.
En el campo, las cosechas tienen su tiempo. Los productos no esperan disposiciones administrativas ni pueden permanecer indefinidamente sin recoger. Una reducción repentina de trabajadores puede provocar pérdidas, disminuir la oferta de alimentos y presionar sus precios.
En la construcción, la falta de personal puede paralizar proyectos, retrasar entregas, encarecer viviendas y comprometer inversiones.
Entonces surgen preguntas inevitables.
¿Cuántos trabajadores extranjeros participan actualmente en esas actividades? ¿Cuántos dominicanos están disponibles para sustituirlos? ¿Qué condiciones laborales e incentivos permitirían incorporar más trabajadores nacionales? ¿Se han evaluado las consecuencias económicas de una reducción abrupta de esa fuerza laboral?
Y, sobre todo, ¿qué alternativa concreta se ofrece a quienes desean contratar legalmente?
La Ley General de Migración 285-04 y su Reglamento 631-11 contemplan la contratación de trabajadores extranjeros temporeros. La Dirección General de Migración dispone de un procedimiento para obtener el permiso correspondiente, cuyo plazo de tramitación publicado es de noventa días calendario y que exige, entre otros requisitos, ingreso legal, visado y contrato de trabajo registrado.
Si esos mecanismos existen, corresponde preguntarnos si sus requisitos, costos y plazos responden a las necesidades reales de la agricultura y la construcción.
No basta con exigir el cumplimiento de la ley. También hay que procurar que cumplirla sea viable.
Esto no exonera a los empresarios. Quienes contratan trabajadores deben verificar su condición migratoria, cumplir las obligaciones laborales, pagar salarios justos y garantizar condiciones dignas. Ninguna necesidad productiva justifica aprovecharse de la vulnerabilidad de una persona.
Pero tampoco puede el Estado desentenderse de una realidad que ha conocido y tolerado durante décadas.
La solución exige coordinación entre Migración, Trabajo, Agricultura y los sectores productivos, mediante procedimientos ágiles de contratación temporal, controles efectivos, formación de trabajadores dominicanos e incentivos para mejorar la productividad.
También requiere conocer la verdadera dimensión del problema. Sin estadísticas confiables sobre la demanda de mano de obra, cualquier respuesta corre el riesgo de convertirse en otra improvisación.
No estamos obligados a elegir entre soberanía y producción. Ambas son responsabilidades del Estado.
Una política migratoria firme debe ser también inteligente, planificada y compatible con el desarrollo nacional. Del mismo modo, una actividad económica no puede sostenerse indefinidamente sobre el incumplimiento de las leyes.
El verdadero desafío no es escoger cuál obligación cumplir, sino encontrar la manera de cumplir ambas.
Porque sería una contradicción combatir la irregularidad laboral sin haber construido alternativas suficientes para sustituirla.
Entre tú y yo, antes de anunciar a quién vamos a someter a la justicia, convendría responder una pregunta que no admite improvisaciones: ¿quién recogerá la cosecha?