Homi Kharas, Julie McCarthy, Ichiro Sato
Hace cuatro años, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, celebrada en Montreal, adoptó el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, aclamado entonces como el «Acuerdo de París para la naturaleza». Sin embargo, la primera evaluación de la implementación de este marco, publicada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad de octubre (COP17), en Ereván, ofrece un panorama preocupante. El informe sobre el estado de las acciones en favor de la biodiversidad revela que, aunque casi el 90 % de los países ha establecido objetivos para proteger el 30 % de las zonas terrestres y marinas, restaurar el 30 % de los ecosistemas degradados y detener las extinciones causadas por el ser humano, menos de la mitad de los objetivos evaluados va por buen camino para cumplirse antes de 2030.
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, calificó la COP17 como «nuestro momento de rendir cuentas». Pero, aunque esa rendición de cuentas lleva mucho tiempo pendiente, encontrar una solución exige diagnosticar el problema con precisión. El marco de Kunming-Montreal está fracasando no porque los gobiernos sean indiferentes a la naturaleza, sino porque los sistemas económicos y financieros mundiales recompensan su destrucción y penalizan su protección. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en 2023, 7.3 billones de dólares —aproximadamente el 7 % del PIB mundial— se destinaron a actividades que perjudican directamente a la naturaleza. Por cada dólar invertido en la naturaleza ese año, se gastaron 30 dólares en destruirla.
El marco de Kunming-Montreal exige cerrar la brecha de financiamiento de la biodiversidad, que asciende a 700,000 millones de dólares anuales, mediante la reducción de los subsidios perjudiciales para la naturaleza en 500,000 millones de dólares al año y la movilización de 200,000 millones de dólares anuales en financiamiento adicional, incluidos 30,000 millones provenientes de fuentes oficiales externas. Más de la mitad de esa inversión se necesita para implementar prácticas de gestión sostenible en tierras agrícolas, pastizales, pesquerías y bosques. El resto se destinaría a la restauración y preservación de los ecosistemas.
El problema va más allá de las fallas del mercado. Como sostiene David Obura en nuestro libro colectivo Nature, People, and Sustainable Development, que hemos coeditado, existe una incompatibilidad fundamental entre lo que valoramos y lo que se necesita. En el mejor de los casos, los precios reflejan la utilidad de la naturaleza. Para reconocer su valor intrínseco y el que deriva de las relaciones que establecemos con ella, es necesario replantear el problema y dejar de considerar la conservación como un simple costo —tierras inmovilizadas y crecimiento económico sacrificado— que los países ricos imponen a los pobres. Posteriormente, las agencias de calificación crediticia, al señalar el riesgo de un crecimiento más lento, rebajan las calificaciones crediticias de los países en desarrollo.
Un enfoque mucho mejor consiste en destacar el potencial de la bioeconomía, que presenta la protección de la naturaleza como una estrategia de crecimiento. Alrededor del 55 % del PIB mundial —equivalente a 58 billones de dólares— ya depende directamente de la naturaleza. La bioeconomía, que utiliza los recursos biológicos de manera regenerativa y favorable a la naturaleza, tiene hoy un valor aproximado de 4 billones de dólares. Desbloquear su potencial podría elevar ese valor a 30 billones de dólares para 2050 y vincular a los productores con cadenas de suministro mundiales capaces de orientarlos hacia actividades de mayor valor agregado.
El problema de la falta de inversión es más grave en países con abundantes recursos naturales, pero con un margen fiscal limitado, entre ellos Indonesia, Brasil, Perú, Zambia, Ecuador, Filipinas y Mozambique. Estos gobiernos suelen depender de actividades extractivas, como la tala, la minería y la agricultura de plantación, para obtener divisas, que tienden a destinarse al servicio de su deuda externa. El daño ecológico resultante los deja más expuestos a inundaciones, sequías, tormentas y otros desastres climáticos, que suelen provocar rebajas en sus calificaciones crediticias. En cambio, los marcos de gestión de la deuda no contabilizan adecuadamente los beneficios de desarrollar resiliencia frente a esos impactos.
Crear los incentivos adecuados es especialmente importante en las cadenas de suministro de materias primas. Por ejemplo, Costa de Marfil y Ghana producen casi dos tercios del suministro mundial de cacao, prácticamente en su totalidad en pequeñas explotaciones agrícolas. Sin embargo, entre el 73 % y el 90 % de los hogares productores de cacao de estos países obtienen pocos ingresos de esa actividad y no pueden costear los fertilizantes ni los gastos de control de malezas necesarios para replantar árboles envejecidos. Por ello, se adentran en los bosques, donde resulta más barato plantar nuevos árboles.
Pero, dado que el comercio, el procesamiento y la fabricación de chocolate están concentrados en un reducido grupo de empresas, unos pocos actores pueden tener un impacto desproporcionado en los resultados mundiales. La Unión Europea, que importa alrededor del 58 % de los granos de cacao del mundo, comenzará a aplicar el Reglamento sobre Deforestación a los grandes operadores a partir de diciembre. Esto condicionará el acceso al mercado europeo del cacao, el café y otras materias primas a que sus cadenas de suministro estén libres de deforestación. Sin embargo, para mejorar el cumplimiento de las normas, se debería incentivar a algunos de los grandes comerciantes a financiar iniciativas de replantación y trazabilidad, de modo que los pequeños agricultores puedan cumplir las reglas y obtener mayores ingresos al hacerlo.
La protección de la naturaleza también es un imperativo de seguridad. Los delitos ambientales —la tala ilegal, la minería ilícita, el tráfico de especies silvestres y la pesca ilegal— generan una cantidad estimada de entre 110,000 y 280,000 millones de dólares al año, gran parte de los cuales se blanquean a través de los mismos canales utilizados para las ganancias del narcotráfico y las finanzas ilícitas. En lugar de perseguir a los madereros individualmente, las acciones de aplicación de la ley y recuperación de activos deberían dirigirse a los puntos críticos de la cadena, como aserraderos, refinerías, puertos, comerciantes y financiadores. Al mismo tiempo, se deben garantizar los derechos sobre la tierra y el financiamiento público para quienes mejor protegen la naturaleza: los pueblos indígenas y las comunidades locales, cuyas relaciones con ella reflejan sus valores intrínsecos y relacionales.
La lección del informe sobre el estado de las acciones en favor de la biodiversidad es que no funcionará añadir objetivos mientras se siga tratando a la naturaleza como un sector económico más. Ahora que el futuro de las acciones climáticas y de protección de la naturaleza vuelve a negociarse en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este mes (COP31), en Antalya, y en las conversaciones de la ONU sobre la agenda que sustituirá a los Objetivos de Desarrollo Sostenible después de 2030, debemos centrarnos en cambiar los incentivos que han frenado los avances. Eso significa presentar la naturaleza como una inversión, no como un costo, y recompensar, en lugar de castigar, a quienes la protegen.