El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, asumió un gran riesgo al pactar con el independentista catalán Carles Puigdemont para mantenerse en el poder, una decisión que divide a la sociedad española y genera controversia también en su propio partido.
A cambio de los votos indispensables de su formación para investir a Sánchez la próxima semana, el separatista catalán consiguió que una ley de amnistía para los independentistas procesados por la justicia española, principalmente por su implicación en la tentativa secesionista de 2017, vaya a ser aprobada próximamente por el Parlamento.
Percibida por una parte de la sociedad española como una amenaza al Estado de derecho, esta amnistía ha levantado una gran polémica en el país, seis años después del convulso otoño de 2017, cuando España vivió una de las peores crisis políticas de las últimas décadas.
Y el impacto de esta decisión ya se refleja en las intenciones de voto.
Según el último barómetro del instituto gubernamental CIS, publicado el viernes, el Partido Socialista perdió 1,3 puntos en un mes (31,3% frente al 32,6% en octubre), mientras que la principal formación de derecha, el Partido Popular (PP), ganó 1,7 puntos (33,9% frente al 32,2%).
– Protestas –
Fuerza más votada en las legislativas de julio, aunque después no logró los apoyos suficientes en el Parlamento para investir a su candidato, el PP trata de movilizar ahora a los españoles, más allá de sus filas, para protestar contra la futura amnistía.
Este domingo, el partido conservador organiza nuevas concentraciones en todas las ciudades importantes del país.
«Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos indignados, a todos los españoles que no se resignan, a todos aquellos ciudadanos que quieren alzar la voz» para que se unan a las protestas, pidió este viernes la número dos del PP, Cuca Gamarra.
El partido de extrema derecha Vox, de su lado, va mucho más lejos, y llamó a los españoles a la «resistencia».
«Tenemos el deber de resistir a un gobierno y a un tirano que va a obtener el apoyo a la investidura con todos los enemigos de España», declaró el jueves por la noche el líder de la formación ultranacionalista, Santiago Abascal, durante una manifestación frente a la sede del Partido Socialista (PSOE) en Madrid.
Estas protestas, convocadas todas las noches desde hace una semana ante las instalaciones del PSOE, derivaron en disturbios y cargas policiales en los últimos días. En la concentración del jueves, a la que acudieron unas 8.000 personas según la delegación del gobierno, la policía detuvo a 24 personas.
El descontento también está creciendo dentro de la magistratura, y no solo entre los jueces conservadores.
Las principales asociaciones de magistrados, de todas las orientaciones, consideraron el jueves en un comunicado que partes del acuerdo de los socialistas con Puigdemont suponen una «quiebra de la separación de poderes», además de traslucir «desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial».
– Puigdemont, aliado imprevisible –
Observada de cerca desde Bruselas, que pidió esta semana «información detallada» sobre su alcance, la futura ley de amnistía genera división incluso dentro del mismo Partido Socialista de Sánchez.
Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica en 2017 para esquivar a la justicia española, «es culpable, no una víctima, los jueces en este país han aplicado las leyes», criticó el viernes el presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
En un ataque directo al presidente del gobierno, este barón socialista consideró que el «ansia» por gobernar no debería llevar a un acuerdo con una persona que pretende «acabar con la Constitución y con la unidad del país».
Más allá de la actual escalada de tensiones, la gran incógnita que se abre ahora para Sánchez es sobre la fiabilidad de Puigdemont, muy crítico con su gobierno en los últimos años.
«Ahora empieza el baile», valoró el politólogo Oriol Bartomeus, que consideró que «la gobernabilidad de España le importa poquísimo» al partido de Puigdemont, cuya prioridad es mostrarse ante su base de simpatizantes en Cataluña como más independentista y duro en la negociación que la otra gran formación separatista, ERC.
«Es un riesgo, pero «a Pedro Sánchez, le gusta eso, el riesgo», agregó.