Lourdes tiene 51 años y desde hace 17 visita la Penitenciaría Nacional de La Victoria para encontrarse con Jesús, su esposo de 54, quien cumple una condena de 30 años por un hecho que ella describe como “confuso”. La pareja tiene cuatro hijos.
No es la primera vez que él está privado de libertad; en una ocasión anterior estuvo recluido en la cárcel de El Pinito, en La Vega, donde las visitas conyugales se realizan en una especie de cabañas preparadas para estos encuentros.
“Jesús mandaba a limpiar la cabaña, pagando a una persona que se encarga de eso, pero uno tiene que llevar sus sábanas y almohadas”. A pesar de las limitaciones, ella reconoce que en ese entonces “el espacio ofrecía algo de privacidad y dignidad para las parejas”.
Esta segunda vez, en La Victoria, es diferente. Allí las visitas conyugales se reciben en la misma celda asignada. “No es solo tener sexo”, insiste Lourdes. “Es un momento para hablar, para abrazarnos, para sentir que todavía nos tenemos el uno al otro”.
Pero acceder a estos encuentros no es sencillo. Además de las revisiones exhaustivas de seguridad, Lourdes ha sido víctima de maltrato verbal por parte del personal penitenciario. “Son groseros, y pobre de ti si te atreves a responder, porque te sacan o te la ponen bien difícil. Uno tiene que dejarse humillar”, relata.
Uno de los momentos más indignantes que ha vivido ocurrió durante una inspección. “Me desnudaron por completo y me pidieron hacer sentadillas y pujar para ver si expulsaba algo. ¡Fue horrible!”. Aun así, Lourdes continúa con sus visitas, convencida de que este contacto es vital para ambos.
Barreras estructurales
El doctor en Derecho Félix Portes explica que las visitas conyugales en las cárceles de República Dominicana están reconocidas en la legislación, pero su aplicación enfrenta múltiples obstáculos. La falta de espacios adecuados, los procedimientos burocráticos y el trato recibido por las parejas de los reclusos son algunos de los factores que dificultan el ejercicio de este derecho.
Según el artículo 109 de la Ley No. 113-21, que rige el Sistema Penitenciario y Correccional, las personas privadas de libertad pueden recibir visitas conyugales de su cónyuge o pareja en unión consensual legalizada o notoria. La normativa establece que estas visitas deben realizarse en espacios habilitados para garantizar la intimidad y controlar posibles riesgos sanitarios.
Portes enfatiza que, en la práctica, no todas las cárceles del país cuentan con las condiciones necesarias para cumplir con esta disposición. “En los centros donde existe la facilidad, las visitas se realizan en espacios físicos debidamente habilitados. No obstante, en otros casos, las parejas deben encontrarse en la celda asignada al interno, lo que limita la privacidad y dificulta el cumplimiento de los controles sanitarios”.
Si bien la sociedad no influye directamente en la autorización de estas visitas, el estigma asociado a la vida en prisión se refleja en la forma en que las parejas de los internos son tratadas dentro del sistema. “Las visitas conyugales no son informadas públicamente. Sin embargo, las condiciones en que se realizan y el trato que reciben las parejas pueden ser un obstáculo”, explica el jurista.
Un poco más
El derecho de las visitas conyugales no es automático. Según el especialista, los reclusos deben cumplir con una serie de requisitos:
• Solicitar la visita a las autoridades penitenciarias.
• Presentar documentos que avalen la relación, como acta de matrimonio, declaración de unión libre o acto de notoriedad pública.
• Someterse a pruebas médicas para descartar infecciones de transmisión sexual (ITS).
• Mantener un historial de buena conducta dentro del penal.
¿Qué hacer si se niega el derecho a la visita conyugal?
Ante una negativa injustificada, los internos o sus parejas tienen opciones legales para reclamar este derecho. “Se puede presentar un recurso ante la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales o incoar una acción constitucional en amparo”, señala Portes.
¿Derecho garantizado o privilegio restringido?
Las visitas conyugales en los centros penitenciarios representan un elemento clave en el proceso de resocialización de los internos. Favorecen la estabilidad emocional de las personas privadas de libertad, y fortalecen los vínculos familiares. No obstante, la aplicación de este derecho no está exenta de desafíos, y en algunos casos, de restricciones que han generado denuncias ante el Defensor del Pueblo.
Pablo Ulloa explica que ante denuncias sobre restricciones en estas visitas, algunas de las cuales carecen de justificación suficiente, han realizado las diligencias pertinentes para garantizar este derecho. “Frente a estas situaciones, la institución realiza investigaciones para determinar si las limitaciones impuestas son proporcionales y legítimas”, dice.
Bienestar emocional
El doctor Luis Vergés, terapeuta familiar y consultor en temas de violencia, destaca que las visitas conyugales pueden contribuir significativamente al bienestar de los reclusos, siempre que se gestionen de manera adecuada.
“Para muchos reclusos, el contacto con su pareja representa uno de los pocos lazos afectivos que pueden mantener dentro de la cárcel”, sostiene.
“Estas visitas podrían promover el bienestar emocional de los internos, sin embargo, para que realmente generen un impacto positivo, es fundamental que no se limiten a un acto mecánico, sino que se basen en un concepto integral de la afectividad”.
El especialista enfatiza que si son bien manejadas, a partir de un concepto que priorice la proximidad y el acercamiento respetuoso con la pareja, estas visitas se traducirían muy probablemente en una mejor calidad del prisma emocional de los privados de libertad.
La voz de los expertos
“La Ley No. 113-21 contempla las visitas conyugales, pero es necesario habilitar más espacios, construir nuevas áreas destinadas a estos encuentros y disponer de más agentes penitenciarios para que más internos puedan beneficiarse”.
Félix Portes
“Uno de los principales retos en torno a las visitas conyugales es la percepción que la sociedad tiene sobre ellas. Existe un desconocimiento generalizado sobre este derecho y su importancia dentro del proceso de resocialización”.
Pablo Ulloa
“El sistema penitenciario no solo debe garantizar la seguridad y el cumplimiento de la pena, sino también propiciar condiciones que favorezcan la rehabilitación de los internos”.