Ante los recientes señalamientos sobre la crisis financiera por la que atraviesa el Seguro Nacional de Salud (Senasa), el presidente Luis Abinader garantizó el pago a todas las prestadoras de servicios relacionados con la salud, además exclamar que “nunca le faltará” la cobertura a los afiliados de esa administradora de riesgos de la salud.
Una semana después de negar que el mismo se encontrara en un déficit económico y que solamente necesitan de un aporte extra debido a la gran cantidad de afiliados, Abinader manifestó que el fin de Senasa nunca fue que esa entidad se lucrara económicamente.
“Senasa no es un negocio, Senasa es una misión que forma parte de las políticas públicas de salud; es una institución pública con un profundo compromiso social que es dedicada a proteger la salud y la vida de todos los dominicanos, su vocación y su objetivo no es el lucro, sino el bienestar de quienes confían en el y está garantizado el pago a todas las prestadoras de servicios relacionados con la salud, pero lo más importante es que nunca le faltará cobertura del Senasa, ni al contributivo ni al subsidiado, a los dominicanos y dominicanas mientras yo sea presidente”, exclamó el mandatario.
Abnader señaló que la cobertura de Senasa se les ha brindado a todos los ciudadanos dominicanos “sin importar su bandería política”.
Cámara de Cuentas realiza dos auditorias
Parte de los señalamientos realizados por la oposición política durante los últimos días ha sido que la Cámara de Cuentas realice una auditoría a Senasa de forma en que se determine el verdadero estado de esa institución.
Mediante un comunicado de prensa, la Cámara de Cuentas indicó que actualmente se encuentran en curso dos auditorías a Senasa.
La primera corresponde a los estados financieros del período 2017-2019, y se encuentra en la etapa de revisión de calidad, previa a su aprobación y posterior publicación oficial.
Mientras la segunda, que abarca los períodos 2023-2024, y se encuentra en fase de ejecución en las oficinas de la institución, la misma está pautada a culminar en el mes de septiembre de este año.
“Ambos procesos de control se realizan en estricto cumplimiento de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República y la Ley núm. 18-24, relativas a la fiscalización de la inversión y el gasto público. Asimismo, se desarrollan con apego al debido proceso y respeto a los derechos de la institución auditada, así como de sus funcionarios y exfuncionarios”, reseña el documento enviado a los medios de comunicación.