El apagón semafórico ocurrido en el Distrito Nacional entre el 27 y 30 de agosto de 2024, es un claro ejemplo de cómo la ineficiencia en la gestión de servicios públicos profundiza la desconfianza ciudadana hacia las autoridades.
Este incidente, lejos de ser un evento aislado, reflejó una alarmante falta de planificación y respuesta ante fallos críticos en la infraestructura urbana.
Quedarán muchas cosas por explicar que no sabremos por falta de transparencia, pero no quedará en el olvido las consecuencias de una decisión desacertada. Los costos de oportunidad, como el tiempo perdido por miles de ciudadanos atrapados en el caos vehicular, y los daños intangibles, como el estrés, la frustración y la percepción de abandono por parte del gobierno, no han sido siquiera abordados por las autoridades, ni mucho menos el impacto medioambiental de aquella decisión insólita e inhumana.
Esta omisión no solo agrava el malestar social, sino que refuerza la narrativa de un Estado incapaz de garantizar el bienestar colectivo, alimentando un creciente riesgo de descontento que podría derivar en tensiones políticas y sociales de mayor envergadura a mediano y largo plazo.
La ausencia de un análisis serio sobre estos impactos y de medidas correctivas concretas perpetúa la erosión de la legitimidad gubernamental, dejando a la ciudadanía en un estado de vulnerabilidad e incertidumbre.