La Procuradora de Tráfico Ilícito de Migrantes y Tráfico de Personas advirtió a las bandas dedicadas a estas acciones que recibirán todo el peso de la ley hasta que entiendan que están cometiendo hechos criminales que ponen en juego la vida y la salud de los afectados.
La magistrada Yoanna Bejarán hizo hincapié en que en la República Dominicana, igual que en los países desarrollados, se condena la conspiración contra la dignidad humana aprovechando la vulnerabilidad de quienes se sienten abrumados por situaciones políticas, económicas o sociales.
Explicó que la Procuraduría de asuntos migratorios y que recién inauguró su Unidad de Investigación en el sector de Piantini, tiene el firme propósito de detectar los casos más preocupantes para la sociedad dominicana que hacen de la migración un negocio lucrativo.
“Perseguir delitos de criminalidad organizada amerita un abordaje diferenciado, enfocado en el desmantelamiento de estructuras criminales, transaccionales, porque no sólo operan en territorio dominicano y que necesitan de aliados en diferentes lugares”, detalló la magistrada.
Sus declaraciones fueron ofrecidas ayer en el programa “Entre Periodistas”, que se transmite por Telesistema, en el cual también detalló que en el país se necesitaba disponer de un equipo de investigación con experiencia y capacidad para predecir la migración ilegal e implementar mayores mecanismos de control.
Personal especializado
“Ya contamos con analistas criminales y con el apoyo de organismos internacionales que, en colaboración, identifican las rutas, los gestores y aliados de las operaciones ilícitas, los modos operandi, la trazabilidad del dinero colectado y las promociones en plataformas digitales”, dijo.
Bejarán detalló, al respecto, que la idea es desarticularlos de manera efectiva, en combinación con organismos externos, porque de manera local solamente no es factible, debido al alcance internacional de este tipo de negocios ilegales.
Tanto el Tráfico de Migrantes como la Trata de Personas son iguales de desafiantes y preocupantes, aseguró la magistrada, tras explicar que la primera condición afecta a la persona al considerarla un objeto de comercialización, y la segunda pone en riesgo la soberanía del Estado.
La Trata de Persona -agregó- afecta la estabilidad de la sociedad, que debe tener acceso a la salud, educación, pero la migración desproporcionada y descontrolada se lo impide o dificulta.
“Pero el Estado diseña los métodos necesarios para contrarrestar el problema, buscando los mecanismos adecuados para identificar el delito y llevar a la justicia a los responsables”.
Igualmente señaló, que para que todo marche en sintonía, se están formando jueces para que se especialicen en estos tipos de delitos y sostengan expedientes robustos que garanticen los principios de legalidad y estabilidad del país.
Apertura
Se recuerda que durante la inauguración de esta unidad, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso aseguró que “esta nueva, moderna y tecnificada sede de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas” mostraba el fuerte compromiso que mantiene el Ministerio Público para enfrentar las redes delictivas que se lucran con el trasiego ilegal de indocumentados y la explotación laboral o sexual de seres humanos.
Recordó que el órgano persecutor del delito mantiene una visión de “ser un modelo internacional en el combate eficiente a estos delitos”.