Cambiar una realidad implica asumirla. En contrario, negarla o, peor aún, normalizarla, permite que todo se quede como está… que nada cambie.
Sobre el poder de las palabras nos habla La Palabra. Sobre el poder del significado y el significante nos habla la lingüística y lo decodifica la semiótica. “Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”, decía Wittgenstein; y llevaba razón en decirlo, pues el lenguaje es expresión y extensión del marco mental que rige una sociedad y que determina el accionar de una persona en un momento/circunstancia dado.
Así las cosas –por ejemplo–, poco se puede esperar cuando incluso desde algunos literales del propio ejercicio periodístico se asume que una menor de edad puede ser “pareja” de un adulto. La tragedia más reciente es la de San Francisco de Macorís, donde una joven de 22 dio muerte a su hermana de 13, quien “convivía” con su “pareja” (“esposo”, según el entorno familiar), de 20 años.
Antes de que una [otra] nueva tragedia se haga hueco en las noticias; antes de que un [otro] nuevo luto nos haga olvidar este; antes de que este penoso caso quede relegado a una estadística, informe, o diagnóstico; vale la pena recordar que no sólo es una tragedia cotidiana, sino también, evitable.
En la cadena de eslabones asociados a la tragedia, el último es la lamentable muerte de una niña (¿o acaso ya olvidamos que era eso?); pero, el primer eslabón es el quiebre del paradigma de la inocencia de la niñez y la normalización de la violencia sexual –a nivel estructural– contra nuestras niñas, sin consecuencias sociales, jurídicas ni penales.
Que una niña de 13 años tenga un hijo, no es una “bendición”, es una violación. Las cosas como son.
Que “al tercer trimestre del año 2025 se registraron 11,961 embarazos en adolescentes, de los cuales el 94.91% (11,352) fueron de adolescentes con edad de 15 a 19 años y el 5.09% (609) de los embarazos fueron de adolescentes con menos de 15 años de edad”; o que para todo el período 2024, se hayan registrado “143 nacimientos correspondieron a niñas de 11 a 13 años, 1,582 a aquellas de 14 y 15 años” (ONE), es una catástrofe social y una derrota moral.
Las niñas y adolescentes no “conviven” con adultos, ni son “parejas” de adultos. Son abusadas por adultos en connivencia con un entorno social que asume [y reproduce] la violación como una práctica natural; con unas autoridades de salud pública que no activan los protocolos correspondientes, cada vez que menores embarazadas llegan a los hospitales; con un Ministerio Público que, en lugar de someter a los adultos que violan, embarazan y conviven por la fuerza con esas menores, mira hacia otro lado.
Si no, para muestra, ¿dónde están las estadísticas de los sometimientos a la justicia de estos vulgares violadores?