En el marco de la ejecución de un presupuesto de gastos públicos ascendente a
RD$ 1,622.833,406,287, se plantea una huelga de los jueces apoyada por más de 450 de los 717 que desarrollan precariamente sus labores con un presupuesto del poder judicial de
RD$ 12.921,593,863, apenas un 0.08 por ciento, es decir, menos del uno por ciento.
Reclaman mejoras salariales que a todos nos parecen justas y, en las condiciones de trabajo; algunos tribunales carecen del apoyo logístico y de personal necesario además de que han sido atiborrados de trabajos adicionales en virtud de que muchas de las vacantes no se llenan y los trabajos se reasignan.
Para completar su agobiante cuadro la política de “mora cero” los obliga a fallar en determinados tiempos para cumplir un fin estadístico, de hecho, se cita para la lectura de dispositivos que nunca se leen y, que no están disponibles y las sentencias salen antedatadas: Tan mal estamos que para cumplir metas estadísticas el Juez tiene que mentir. Pero lo peor es que se sacrifica la calidad de las decisiones jurisdiccionales.
Para que el lector tenga una idea busqué la estadística del mes de abril de este año de una de las mejores cortes de casación, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia que cubre las materias, laboral, de tierras y contenciosa administrativa y tributaria.
Esa Corte que tiene una mora muy baja evacuó 134 decisiones divididas en 30 laborales, 35 de tierras y 69 contenciosa administrativa y tributaria, en virtud de la normativa de la nueva Ley de Casación No. 2-23, que restringe notoriamente los recursos de casación, 29 casos fueron declarados inadmisibles y 17 habían caducado por presentación tardía a cargo de los abogados, exceptuando 7 afectados de incompetencia resulta que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia RECHAZÓ 48 recursos y 32 sentencias fueron casadas: Eso debe ser un récord Guinness.
Que una Sala de la Suprema Corte de Justicia conozca 80 expedientes y DEVUELVA CASADAS 32 SENTENCIAS que es el 40% de sus decisiones, debe hacer saltar todas las alarmas porque indica que se está fallando mal para evitar la mora judicial y, eso está sucediendo en uno de los mejores tribunales, que además tiene rango de corte de instancia única, es decir, por falta de aplicación de la Constitución en su artículo 165, no tiene grado de apelación como prevé la norma sustantiva.
Si el usuario calcula que un caso contencioso administrativo o tributario puede tomar varios años en ser conocido y fallado en el marco de la Ley 1494 de 1947, cuando como sucede ahora se aplica el procedimiento de conocerlo en cámara de consejo, el daño de una sentencia casada, que duplica el trabajo de la corte pues debe conocerlo de nuevo, es enorme y por eso hay casos que tienen cinco años dando vueltas y, no son los peores, tango una sentencia de expropiación de una señora de 97 años que se dictó en el 2017 y todavía sigue el calvario después de cuatro sentencias de la Suprema Corte de Justicia.
Si se tiene en cuenta que el Estado en una actitud ilegítima – y de bandidaje procesal- apela toda decisión judicial, incluso las que le son favorables para no cumplirlas, cualquiera sin ser abogado coincidirá en que el caso tiene efectos terribles sobre el derecho a una justicia eficaz y oportuna y, es más grande de lo que se denuncia porque la agrava el hecho de que los jueces tampoco tienen protección de la institución a la que pertenecen: Deciden aterrados, tanto por las redes que los vilipendian como por el Estado a través de sus órganos y por eso en muchos casos no hay decisiones cautelares, sino cautelosas. Desde luego que eso no es justicia.
La Jurisdicción Contenciosa que hemos tomado para el ejemplo y que tiene salas excelentes, ha sido afectada de una regresión perjudicial al Estado de derecho pues esta volviendo a la superada justicia secreta en cámara de consejo, en algunos casos en obvia prevaricación judicial, en que los recursos, en este caso de casación por ser un tribunal de instancia única, no son una solución a una decisión mal elaborada o injusta, sin aterrizar en otro mal judicial que es el desacato a cargo de las instituciones del Estado en violación al derecho a la ejecución de las sentencias.
Con todo en el sistema hay jueces ejemplares que, a falta de apoyo institucional, necesitan el apoyo de la ciudadanía cuando deciden garantizando derechos fundamentales, aunque dichas sentencias contraríen el poder público que ha debilitado el Estado de derechos en los últimos años.
Esta, si la memoria no me falla, es la primera huelga de jueces y, como otros muchos ciudadanos, cuenta con mi simpatía y humilde apoyo; entiendo por otra parte que, tratándose de tan poco dinero en un Estado dilapidador, bien vendría que el Consejo del Poder Judicial reordene partidas y si las transferencias de cuentas no son suficientes que el Poder Legislativo, ahora que se habla de una modificación presupuestaria, complete los fondos: Los honorables magistrados, todos, merecen que les apoyemos.