Cada cierto tiempo reaparece el debate sobre el voto de los militares y policías dominicanos. La primera pregunta parece elemental: si son ciudadanos, ¿por qué no pueden votar?
Lo son, naturalmente. Portar un uniforme no borra la ciudadanía ni disminuye la dignidad de nadie. Pero quien ingresa voluntariamente a una institución castrense o policial acepta una condición jurídica de sujeción especial y determinadas limitaciones mientras permanece en servicio activo. El artículo 208 de la Constitución establece que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no tienen derecho al sufragio.
Esa prohibición no surgió para castigar al militar ni para considerarlo un ciudadano de segunda categoría. Procura preservar la neutralidad de unas instituciones que, conforme al artículo 252 de la propia Constitución, son esencialmente obedientes al poder civil, apartidistas y no tienen facultad, en ningún caso, para deliberar.
La realidad dominicana obliga, sin embargo, a mirar más allá del texto constitucional.
Para levantar un edificio, primero hay que construir la zapata. En este caso, esa zapata es una carrera militar o policial verdaderamente institucional, en la cual el ingreso, los ascensos, las designaciones, los traslados y el retiro respondan al desempeño, la ética, la preparación profesional, la constancia en el servicio y la antigüedad, como disponen la Ley Orgánica militar y las disposiciones legales correspondientes a la Policía Nacional.
Antes de discutir si un uniformado debe votar, tendríamos que preguntarnos si podría hacerlo con absoluta libertad. No basta con que el voto sea secreto. Debe tener la certeza de que su preferencia, conocida o simplemente supuesta, no influirá mañana en su carrera.
No olvidemos que está sometido a una cadena de mando y que el presidente de la República es, al mismo tiempo, la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En determinadas circunstancias, ese presidente también puede ser candidato, además pertenecer a uno de los partidos que compiten por el poder.
Introducir el sufragio en una estructura donde todavía puedan existir influencias políticas crearía una zona peligrosa entre la obediencia institucional y la lealtad partidaria.
No me opongo al voto militar y policial. Por el contrario, desearía que algún día pudiera ser una realidad. Ese momento demostraría que hemos alcanzado unas fuerzas uniformadas institucionalizadas donde ningún miembro tendría que mirar hacia los lados antes de ejercer su voluntad ciudadana.
Pero colocar el techo antes que los cimientos, puede comprometer toda la estructura. Primero debemos garantizar con hechos —no solamente con leyes y discursos— que la carrera está protegida de las simpatías políticas, los padrinazgos y las cercanías con el poder.
Esta reflexión no pretende llevar la deliberación a los cuarteles. Los militares y policías deben continuar cumpliendo la Constitución, preservando su apartidismo y sirviendo a la nación. El debate corresponde a la sociedad y a sus autoridades civiles.
El voto militar podrá llegar algún día. Pero antes habrá que construir la zapata que permita ejercerlo sin miedo, sin compromisos y sin pasarle factura al uniforme.