Concluir el año calendario supone inquietud para todas las personas que intervienen en las dinámicas habilitadas por la ley. Para jueces y juezas, fiscales, abogados, técnicos, servidores judiciales genera inquietud la conclusión oportuna de los asuntos pendientes supeditados a plazos procesales, y para los consumidores finales de los servicios judiciales (víctimas y personas imputadas) implica la oportunidad de concluir un periodo calendario con una respuesta judicial, mucho mejor si resulta favorable a sus pretensiones.
Esta entrega pretende poner de relieve la importancia de iniciar el año enfatizando la tarea de restaurar el sentido de las palabras en el sistema de justicia que como una gran sombrilla tuteladora cubren como velo cualquier actuación en la aplicación de la ley.
2026 plantea dos tareas esenciales: Primero, el mapeo obligatorio a la normativa procesal vigente, instituida por la Ley 97-25, promulgada en diciembre de 2025, que moderniza la Ley 76-02 y busca fortalecer los derechos de las víctimas, garantizar los de la persona imputada y agilizar los procesos, estudiando concienzudamente el alcance y contenido de los institutos procesales que han sido impactados por la reforma, llenando de contenido en su aplicación práctica el fortalecimiento de los principios consignados en la normativa, que en toda su extensión colocan las personas que intervienen en los procesos judiciales en el centro de atención, facilitando una implementación no disruptiva, que sin desnaturalizar los roles cumpla el cometido de optimizar el proceso penal, priorizando las respuestas a necesidades inmediatas, y sobre todo aporten a la satisfacción de las garantías inherentes a todas las partes que intervienen.
Es esencial que cada operador del sistema cumpla la tarea designada por el legislador sin crear burocracias innecesarias que perturben la fluidez de los procesos ni menoscaben la dignidad de las personas como bien superior.
La segunda tarea esencial se dirige al análisis concienzudo de la Ley 74-25 que instituye el nuevo Código Penal dominicano en vacatio legis, desde su promulgación en agosto de 2025, para entrar en vigor plena en agosto de 2026, instalando la capacidad de su implementación y potenciando el conocimiento de la colectividad, que auxiliado del uso del lenguaje claro coloquen las personas en la posibilidad de comprender el contenido de las nuevas conductas prohibidas por la ley.
Este último aspecto partiendo de la realidad práctica que implica que el consumidor final de las normas pese estar expuestos a información, ante nueva normativa se encuentra ávida de conocer su alcance y contenido, lo que sugiere evaluar las mejores formas de realizar la labor educativa de la ley, diseñar con simplicidad y de forma práctica nuestras intervenciones y sobre todo, abordar los conflictos sociales de forma holística, desde la mejor plataforma, la educación.
En otras entregas enfatizamos el hecho que en una sociedad expuesta a información y consciente de sus potestades frente a la administración, el mundo profesional y en especial el sistema judicial exige que los actores claves del sistema cuenten con otro tipo de habilidades, adicionales al conocimiento técnico -que por su naturaleza, cambia vertiginosamente- a fin de operativizar su habilidad de resolver de forma integral y sostenible los conflictos jurídicos.
Al realizar un análisis de coyuntura se advierten múltiples esfuerzos por aminorar las brechas existentes o interpersonales, a lo cual no escapa el sistema judicial, cuyo rubro principal está vinculado a la justicia, y con ello, la solución de conflictos, no como un acto cuantitativo, sino cualitativo, apegado a prácticas que apunten a la humanización de la justicia, a la estructuración de una política criminal preventiva y a la habilitación de mecanismos centrados en abordaje diferenciado que aporten en la democratización del acceso y retornen a las personas que transitan en el sistema judicial a la comunidad con entendimiento de la relevancia de respetar los derechos de los demás.
2026 es una oportunidad para rescatar el sentido de las palabras en el sistema judicial, recuperando el lenguaje claro, construyendo un piso común que democratice el acceso a la justicia, que incluya el elemento paciencia -Que aunque parezca algo periférico-, facilita los procesos educativos naturales en la implementación de las reformas, fortaleciendo el sentido de justicia a través de la comunicación asertiva, escucha activa, la inteligencia emocional, la capacidad de análisis y la flexibilidad para habilitar condiciones menos lesivas que reconozcan todo el cóctel de garantías que son inherentes a las personas que intervienen a través del reforzado control judicial.