Las instituciones del Estado no se fortalecen de manera automática, requieren de reglas claras que superen voluntades particulares, transparencia y rendición de cuentas constantes para evitar la debilidad institucional y la pérdida de confianza de su sociedad. Cuando una entidad responsable del orden público pierde su cohesión, autonomía y autoridad, el costo termina pagándolo la población.
En tal sentido, mueve a preocupación a lo interno de la institución el anteproyecto de modificación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional que estudia la Cámara de Diputados, que se presenta como parte de la reforma policial, que incluye disposiciones que podrían debilitar principios esenciales de la institución. La reducción de derechos adquiridos, los cambios al régimen de pensiones, la eliminación de especialidades profesionales y la pérdida de beneficios sociales para policías activos, retirados y sus familias, exige un amplio debate nacional.
Lo más trascendental es que el proyecto altera la estructura del mando institucional, en especial los artículos 32 y 37 que crean la figura del Subdirector General Administrativo y Financiero, con rango equivalente al de Subdirector General y manejar el control exclusivo de los recursos de la institución, cargo que recaería en un civil ajeno a la carrera policial.
Esta propuesta se presenta como un avance en transparencia, pero no debe confundirse con fragmentar el mando. La administración financiera policial conlleva unas interioridades propias, no es una simple oficina contable, por lo que el presupuesto es un componente estratégico de la seguridad ciudadana. De manera, que quien controla los recursos influye en la capacidad operativa, y de ahí la vigencia del principio “quien controla el presupuesto condiciona las decisiones”.
Los procedimientos y las leyes deben pesar más que los funcionarios de turno para garantizar la estabilidad y transparencia. La Policía Nacional no es una empresa privada, su misión es preservar el orden público, proteger derechos fundamentales y garantizar la seguridad ciudadana. Para cumplirla necesita disciplina, cohesión y una cadena de mando clara.
En este contexto, la autoridad policial no debe depender de negociaciones entre quien dirige las operaciones y quien administra los recursos, y menos aún si ambos tienen igual jerarquía. La unidad de mando es un pilar fundamentar de todo cuerpo facultado del uso legítimo de la fuerza, que fragmentarla generaría una especie de galimatías administrativa-operacional, como dualidad de mando, en la toma de decisiones y pérdida de eficiencia operativa.
Napoleón Bonaparte definía ese principio con crudeza y claridad, en una frase: “es mejor un mal general que dos buenos”. Más allá de la literalidad de esta expresión, su sentido es irrebatible: “Toda organización llamada a actuar con rapidez, disciplina y responsabilidad, la unidad de mando resulta indispensable para evitar órdenes contradictorias, disputas internas y pérdida de eficacia”.
En tal sentido, poner el control financiero en manos de alguien ajeno a la carrera policial, sin formación doctrinal ni experiencia operativa, abre la puerta a influencias externas sobre las prioridades institucionales. No se cuestiona la contribución de economistas, contadores, auditores y especialistas financieros, la administración pública los necesita, la institución los puede contratar como asesores.
Lo cuestionable es otorgarles poder equivalente al de la máxima autoridad policial sin conocer la carrera o poseer la experiencia e interioridades y exigencias del servicio, y mucho menos asumir responsabilidad directa por los resultados operativos. Toda institución necesita controles, pero ninguna organización sobrevive cuando estos sustituyen al mando.
También preocupa la percepción de que la iniciativa abriría espacios a sectores externos en la administración de recursos estratégicos. Aunque no fuera esa la intención, el legislador debe revisar la propuesta, porque la confianza pública es clave en toda reforma institucional.
Una policía motivada no se construye solo con mejores salarios, requiere también estabilidad jurídica, respeto por la carrera policial y protección de los derechos adquiridos por sus años de servicio. Reducir beneficios históricos mientras se transfiere poder a estructuras externas envía un mensaje desalentador a quienes arriesgan su vida por la seguridad de todos, y explica el creciente descontento de miembros activos, retirados y sus familias.
Una verdadera reforma nace del consenso, el diálogo y el conocimiento técnico. El país necesita una Policía Nacional moderna, transparente y profesional, fuerte, respetada y cohesionada, sin depender de intereses ajenos a su misión. Modernizar jamás debe significar debilitar; transparentar no es fragmentar el mando y profesionalizar no es desplazar a quienes han dedicado su vida a la institución.
Las leyes trascienden a los gobiernos, los funcionarios pasan -los jefes también-, pero una ley orgánica afectará durante décadas a policías y ciudadanos. Sin dudas, que el espíritu del mensaje dejado por el mayor general retirado Andrés Modesto Cruz Cruz al despedirse de la Dirección General de la Policía Nacional: “no dejen de luchar por lo correcto, aunque les cueste el puesto”, no fue una frase de ocasión, fue una advertencia moral, hasta su lenguaje corporal y vestimenta de negro envía un mensaje subliminal.
Leyendo entre líneas, es un llamado a preservar los principios éticos y morales, constituye un mensaje anticorrupción, y les recuerda, que la autoridad policial se legitima no solo por el rango, sino por la integridad, el carácter y la capacidad de hacer lo correcto aun cuando existan “presiones externas”, costos personales o “intereses privados” que pretendan torcer el rumbo institucional. Sobradas razones para que el Congreso Nacional deba legislar pensando en la seguridad ciudadana del país, no en soluciones administrativas de corto plazo e intereses particulares. Cuando la seguridad se somete a experimentos institucionales, el riesgo recae sobre toda la nación. ¡Con la seguridad ciudadana no se negocia!
El autor es miembro
del Círculo Delta